Mulino, ante la tarea de culminar obras de salud

Tras los dos últimos gobiernos de desidia y abandono, le tocará a la administración gubernamental del presidente electo, José Raúl, culminar obras hospitalarias que fueron insignias del mandato del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.

Metetí, Colón, Panamá Norte y Bugaba llevan más de una década esperando que les concluyan la construcción de sus hospitales, los cuales son necesarios para brindar salud a los más necesitados.

Durante el gobierno de Juan Carlos Varela, fue poco lo que se avanzó en la construcción para la culminación de estas obras, mientras que en la administración de Laurentino Cortizo Cohen, se hizo algo, pero igual no pudieron culminar estos proyectos.

Igualmente, no fue hasta hace poco que el gobierno de Cortizo pudo culminar la Ciudad de la Salud, obra que en la administración de Martinelli se dejó avanzada en más de un 50% y que terminó costando el doble de lo que se presupuestó.

Además de esto, la misma hubiese sido de gran ayuda para salvar vidas durante la pandemia de la COVID, la cual causó miles de muertes en el país.

Al tema de los hospitales se suma el de algunos Minsa-Capsi a nivel nacional que tampoco han podido ser usados, esto a pesar de que algunos incluso están culminados.

Uno de estos casos es el de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, en el cual durante el gobierno de Varela se entabló un proceso legal contra la empresa constructora y el mismo hasta la fecha no ha podido ser abierto. Esto a pesar de que el actual gobierno dijo que se harían las gestiones para hacerlo funcionar.

Este centro de atención de salud en más de tres ocasiones ha sido víctima de los amigos de lo ajeno, los cuales se han llevado equipos médicos valorados en miles de dólares. Esto sin dejar por fuera que los cables eléctricos del mismo también han sido robados.

Lo mismo ocurre con el Minsa-Capsi de Santa Fe, provincia de Darién, el cual, a pesar de estar culminado y haber sido entregado, no se ha puesto a funcionar.

Otro de estos casos es el del Minsa-Capsi de Aguadulce, que tampoco se ha culminado, algo que seguro le tocará a la administración de Mulino, que entra a partir del próximo lunes 1 de julio.

En su momento, abogados y dirigentes médicos denunciaron la situación de estos hospitales y Minsa-Capsi, incluso hablaban de una posible lesión patrimonial al Estado.

En su momento, el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, denunció que las obras que han quedado paralizadas por los diferentes gobiernos se enmarcan dentro de los delitos contra la administración pública, ya que las mismas fueron desarrolladas por parte del Estado.

"El no haber cumplido con la realización de las mismas trae una consecuencia de tipo penal y lo apropiado frente a situaciones como esta sería presentar las actuaciones legales pertinentes a fin de responsabilizar y que estas personas que no han terminado las obras y que ejercieron y ejercen cargos públicos también enfrenten la justicia", comentó.

El artículo 356 del Código Penal de Panamá dice: El servidor público que, ilegalmente, rehúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

El letrado añadió que esto lo dice porque la función que debe seguir un servidor público está enmarcada dentro de lo que es ser un buen padre de familia.

"La administración pública tiene que ser ejecutada como lo haría esa persona con sus propios recursos", afirmó.

Mientras que Fernando Castañeda, presidente de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social, argumentó que en Panamá hay una pésima aptitud para darle salud a los panameños, algo que se correlaciona con una mala planificación.

"Cada hospital, cada Minsa-Capsi abandonado, con piezas y equipos dañados, son ejemplos de la desidia, una mala gestión y el poco interés por la salud de los panameños", dijo.

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