La Fiscalía Contra el Crimen Organizado ordenó la indagatoria de al menos 15 funcionarios de diversas instituciones que estarían implicados en una red de tráfico de indocumentados desde la República Popular de China.
Los funcionarios laboraban en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el Ministerio Público, y la Dirección de Pasaportes.
La red criminal, inicialmente detectada por autoridades de migración norteamericanas, también puede estar ligada a la creación de sociedades anónimas para el blanqueo de capitales.
En la investigación se determinó que la red utilizaba identidades de otras personas para obtener identificaciones fraudulentas, para que estas personas pudieran llegar a Panamá y seguir camino a Estados Unidos y Europa.
La alerta en este caso se dio, cuando agentes federales de Estados Unidos, detectaron 59 permisos de trabajo indefinido, procedentes de la República Popular China, que debían ser entregados a ciudadanos asiáticos residentes en Panamá.
La Fiscalía Contra el Crimen Organizado logró la detención de dos ciudadanos chinos, quienes fueron los que retiraron los permisos de trabajo indefinido.
Esta documentación, al ser analizada por las autoridades del Ministerio de Trabajo (MITRADEL), se determinó que corresponden a otras personas que ya laboraban en Panamá.
El Ministerio Público ha solicitado información sobre esta red a Cuba, Santo Domingo, Colombia y Washington a través de la Interpol a fin de identificar los movimientos migratorios de los asiáticos detenidos.
A uno de los chinos se le dio medida cautelar.
