Aún está vigente la resolución de gabinete que obliga al Presidente Martín Torrijos a la creación de una Comisión Especial Evaluadora de los aspirantes a ocupar los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El próximo mes de diciembre, el presidente Torrijos deberá designar a los magistrados que reemplazarán en el cargo a los magistrados Graciela Dixon y José Troyano.
De acuerdo con la Resolución de No. 23 de noviembre de 2005, expedida por el propio Torrijos, el Ejecutivo, a través del Ministerio de la Presidencia deberá convocar una comisión para iniciar el proceso de evaluación de los aspirantes a ocupar el cargo de magistrado de la Corte.
La resolución establece que la comisión estará integrada por un representante de los decanos de las distintas universidades, escogido por el Consejo de Rectores.
También deberá existir representantes del Colegio Nacional de Abogados, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, del Organo Judicial, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y otro de la Asociación de Magistrados y Jueces de Panamá (ASPAMA).
En ese sentido, Magaly Castillo, secretaria ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia estimó que la comisión deberá acoger las recomendaciones hechas dentro del Pacto de Estado por la Justicia, donde se creó un perfil de los futuros magistrados.
El perfil establece que los aspirantes no deben haber sido sancionados por delitos contra los derechos humanos y la violencia intrafamiliar.
Que no existan cuestionamientos sobre su transparencia y ética en su vida personal, ejercicio profesional, o como funcionario y estar dispuestos a someterse al escrutinio público durante el periodo de su candidatura.
Participación activa en organizaciones que promuevan el fortalecimiento del estado de derecho. Haber sido expositor en eventos nacionales e internacionales sobre temas relacionados con la administración de justicia.
Para Castillo, es necesario que se tenga un alto grado de transparencia en la escogencia de los nuevos magistrados, para evitar suspicacias.
Planteó que éste sería un sistema idóneo para evitar la llegada a estos puestos de personajes ligados a los partidos políticos o que no llenen el perfil para ocupar este tipo de cargos.
Torrijos se limitó a decir que el periodo para escoger a los reemplazos de Dixon y Troyano está abierto hasta el 31 de diciembre próximo.
Por su lado, monseñor José Domingo Ulloa hizo un llamado para que las designaciones se hagan a conciencia.
