Unos 30 mil empleos podrían perderse tras la decisión de la Comisión Europea (CE) de bloquear -desde el 1 de enero pasado- la entrada de productos pesqueros procedentes de Panamá, por no adoptar medidas para combatir la pesca ilegal no regulada ni reglamentada.
La advertencia la hizo Valerio de Santics, presidente de la Asociación Panameña de Exportadores de Productos del Mar (APPEXMAR), quien reafirmó que los trabajadores de embarcaciones artesanales serán los más afectados, pues la mayoría de los productos que extraen es para exportación.
Sostuvo que las embarcaciones de carácter artesanal -más de seis mil- no pueden subsistir sin las plantas exportadoras, que en total suman 20 en el país.
“El sistema está encadenado”, dijo el empresario, tras enfatizar que lo que ocurre está golpeando muy duro a esa industria.
Según cálculos conservadores de la APPEXMAR, Panamá envía al mercado europeo unos 40 millones de dólares en mariscos anualmente. De hecho, el 60 por ciento de la tilapia que extraen los indígenas del lago Bayano es exportada a Europa.
Mientras, la directora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP), Diana Araúz, informó que no hay justificación para que la CE mantenga la restricción de los productos procedentes de Panamá, toda vez que entregaron la información solicitada.
Según la ARAP, Panamá es el primer país en Centroamérica en contar con un plan de acción y un programa operativo interinstitucional, con fechas y acciones específicas a realizar, como solicitó la Unión Europea (UE).
Ese plan fue entregado 13 días antes de que venciera el plazo que otorgó la CE.
Panamá se comprometió, a través de un decreto, a enviar certificados a la UE con información sobre capturas, transporte, declaración del importador e información del exportador.
