El proceso seguido a los directivos del Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (BANAICO) puede constituirse en un precedente en la justicia panameña, si el Juzgado Decimosegundo los condena por la quiebra fraudulenta de esa institución bancaria y aplica penas que pueden superar los 10 años de prisión.
La fiscal Cecilia López, quien culminó la instrucción sumarial, solicitó la condena para todos los implicados bajo el argumento que en la investigación se estableció que los miembros de la junta directiva del banco actuaron de manera dolosa en el manejo de sus fondos.
La liquidación por falta de liquidez de BANAICO se ordenó en 1998, luego que el interventor de ese momento, Erasmo Castro, informara a la Comisión Bancaria que el desfase de estado de solvencia del banco ascendía a la suma de 50 mil millones 525,449 balboas, que con el transcurrir del tiempo aumentó a B/.78,000 millones.
Sin embargo, sobre BANAICO no sólo pesaba la investigación de las irregularidades cometidas por sus directivos en el manejo de sus fondos, sino que luego la Fiscalía de Drogas encontró que sus instalaciones habían sido utilizadas por miembros del cartel de Cali para el lavado de dinero procedentes del tráfico de drogas.
Uno de sus directivos, Irasema Subía, está sindicada dentro de este proceso que, a pesar de haberse iniciado hace más de cuatro años, aún se encuentra pendiente de su audiencia de fondo. Todos los sindicados en este caso gozan de medidas cautelares diferentes a la detención preventiva.
Subía es señalada como la persona que manejó las cuentas del colombiano José Castrillón Henao en BANAICO y que incluso fue quien aceptó sus depósitos en el banco, que posteriormente no pudo recuperar a pesar de los esfuerzos hechos. Castrillón enfrenta un proceso en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, aunque fue arrestado en Panamá.
A juicio de la fiscal Cecilia López, el llamamiento a la apertura de causa criminal hecha por el juzgado, evitó que se produjera la prescripción del proceso, solicitado por la defensa y estableció en su momento que la fecha de caducidad del proceso era el 2006.
La fiscal López calificó como muy injustas con los cuentahabientes las acciones realizadas por los directivos, ya que se ejecutaron préstamos ficticios y se recibieron depósitos pocos días antes de que se produjera el cierre de BANAICO.
En la investigación ,de 37 tomos, existen informes de auditoría en donde se establece la existencia de préstamos irrecuperables por un monto de B/.46 millones. Además que se encontraron depósitos pertenecientes al narcotraficante colombiano José Castrillón Henao.
La Fiscalía Primera Anticorrupción remitió en 1999, su vista fiscal con una petición de llamamiento a juicio; luego el Juzgado Decimosegundo ordenó una ampliación y para marzo del año 2000 la fiscal López envía el expediente con una nueva solicitud de encausamiento.
Luego, en agosto del 2000, el juzgado emite el auto de llamamiento a juicio. Tras esto, uno de los abogados presenta un incidente de prescripción penal, que es rechazado en primera y segunda instancia y luego se presenta un nuevo recurso.
A los sindicados se les imputan los delitos de falsificación, asociación ilícita para delinquir y estafa que prescriben a los seis años. Hace dos años, la fiscalía remitió el expediente a los tribunales, pero recién la pasada semana se realizó la audiencia de fondo.
Inicialmente la fiscal primera delegada, Guillermina Mc Donald, fue quien solicitó el encausamiento penal de Manuel Salvador Morales, Maritza de Mattaden, Bruno Bemporad e Irasema Subía como presuntos responsables del colapso de BANAICO y por la pérdida de más de los B/.78 millones del banco, B/.40 millones de los cuales desaparecieron a través de una supuesta estafa.
La instrucción sumarial, que incluyó la toma de más de 80 declaraciones, determina que las irregularidades en el manejo de fondos de BANAICO se extendieron por varios años y la misma se efectuó a través de una intrincada red de transacciones, supuestamente realizadas por los directivos del banco para ocultar el destino final de los dineros.
El Ministerio Público descubrió en BANAICO una gran cantidad de cuentas pertenecientes a Castrillón Henao, quien supuestamente manejó unos B/.30 millones a través de cuentas y depósitos de dinero provenientes presuntamente de actividades ligadas a la venta de los estupefacientes.
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