El presidente de la Asociación de Representantes y Distribuidores de Medicamentos y Productos Farmacéuticos (AREDIS), Gonzalo González, pidió ayer a la presidenta Mireya Moscoso, que vete parcialmente la ley de medicamentos, en especial los artículos relacionados con los precios topes, "porque su aplicación es violatoria de acuerdos internacionales y porque pudiesen causar un desabastecimiento de medicinas en el país".
La solicitud surge luego que el contralor de la República, Alvin Weeden, pidiese al ejecutivo el veto de los artículos 122, 132, 137, 138 y 142, relacionado con los contratos de suministros, responsabilidad del funcionario, recursos, control previo y control posterior e inhabilidades para contratar, respectivamente, por considerarlos inexequibles y violatorios de algunos otros acápites de la Constitución Política.
Según González los artículos relacionados con la regulación de precios o precios de referencia topes deben ser vetados por la presidenta "porque son violatorios de acuerdos de libre comercio, y porque pudiesen causar desabastecimiento de medicinas. La aprobación de los precios topes serán un retroceso a la economía por lo que le pedimos a la presidenta de la República, que vete estos artículos al igual que la Contraloría ha encontrado varios fallos en la misma ley que contravienen otras disposiciones que ya están vigentes".
Precisó que el veto de los artículos 102, 103, 104, 105 y 106, que hacen referencia al precio tope debe ser considerado, primero porque no fue consensuado en primer debate y porque viola acuerdos panameños en la OMC que establece una economía más abierta".
Manifestó que lo que pidió la Contraloría que se vetara es sólo un diagnóstico de esa entidad. "Esperamos en los próximos días el veto del Ministerio de Economía y Finanzas (en especial contrataciones públicas, el derecho a defensa y regulación de precios) que está en contra de varios artículos de la propia ley. Cada institución que vea afectado su funcionamiento con la ley mandará su concepto a la Presidenta".
Expresó que el hecho de que se asuma el precio de octubre de 1999 para la venta de medicamentos por dos años a partir de febrero próximo como lo establece el artículo 102, será incluso un impedimento para la Comisión de Libre Competencia para Asuntos del Consumidor (CLICAC), "ya que no tiene ni el personal ni la infraestructura, para el cambio de precios de por lo menos mil productos. Si no nos autorizan la venta al precio que compramos, vamos a tener que retirarlo de la estantería hasta que nos autoricen el precio".
"Estamos contraviniendo lo establecido en la OMC de que a partir de febrero de 2001, no debe haber ningún tipo de regulación. Por lo que pedimos que dejen que sean los propios agentes económicos los que interfieran en la oferta y la demanda. Lo que se quiere es que haya más agentes económicos y exista una economía más abierta", enfatizó.
Por su parte, la legisladora Balbina Herrera, proponente del proyecto de ley, manifestó que la ley establece que por escasez, a la CSS y el Ministerio de Salud pueden comprar directamente, "por lo que no puede haber desabastecimiento".
Herrera negó que el proyecto de ley sea algo político como asegura González, ya que "es una política de salud hacia la población panameña, es un proyecto de ley que ha sido discutido por casi tres años y medio y que la población espera. Político sería que le pidiéramos que sigan aumentando los precios de las medicinas como lo están haciendo en estos momentos".
Aseveró que los distribuidores quieren la regla de juego de la libre empresa, oferta y demanda; "pero tienen el control y tienen los márgenes de ganancias como si hubiese regulación de precios en este país. Así como le dieron tres años para que aumentaran sus precios, ya es hora que bajen los precios de los medicamentos", recalcó.
González dijo que Panamá confirmó "que los controles de precios aplicados a los productores y servicios habían sido eliminados, con excepción de algunos productos enumerados y se comprometió a que estos controles, y cualquier control de esta índole que se introdujera o reintrodujera en el futuro, se aplicaría de manera compatible con las prescripciones del Acuerdo sobre la OMC, en particular el artículo III.9 del GATT de 1994".
Expresó que al instaurar un control de precio al plasmar en la ley de que se tiene que vender al precio de octubre de 1999, se hace imposible. "Las fuerzas del entorno de esa época son diferentes a la actual, los costos que se utilizaron para la fabricación, la adquisición de la materia prima fueron distintos y nosotros como parte de la cadena como distribuidores no resistiremos eso".
Aseguró González que con la sanción de este bloque de artículos el desabastecimiento es inminente, "ya que si hay productos que se vendían a nueve dólares y hay productos que se venden ahora a 11 dólares para regresar a su precio inicial, se produciría una escasez del producto. Todos los medicamentos con esta norma serán regulados. Es un atropello para la empresa privada".
Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias, Humberto Chen, precisó que uno de los artículos de la ley a los que se han opuesto es a la venta de medicamentos populares en establecimientos no farmacéuticos (Tiendas, abarroterías, minisúperes o almacenes) a los cuales se les va a permitir ahora mediante la ley que pueden vender productos que se denominan populares. "Nosotros mantenemos la posición de que todo tipo de medicamentos tienen que ser vendidos solamente en farmacias. Estamos opuestos a ese punto y nos vamos a oponer siempre".
Manifestó Chen que el otro aspecto de la rebaja de los precios afecta también a las farmacias, "ya que desde el momento que se autoriza a bajar los precios desde el 1 de octubre de 1999, algunos productos van a tener que ser reetiquetados y bajados de precios, pero esa rebaja de precios que significa para nosotros una disminución del valor del inventario, no va ser reconocido por la distribuidora. No nos reconocerán el diferencial entre el costo de ahora el cual hemos pagado y el costo del 1 de octubre".
"Todos los productos que estén en esa situación van a tener un problema de desabastecimiento, nosotros no lo vamos a vender. No vamos a vender perdiendo dinero. La única forma es que los laboratorios reconozcan la diferencia y acepten vender los nuevos embarques al precio rebajado", recalcó.
Chen asegura además que otro punto importantísimo es el establecimiento de una competencia entre las farmacias comunitarias y las farmacias privadas, "algunos piensan que es volver al comunismo porque el Estado toma para sí esas actividades junto a la iniciativa privada".
En ese aspecto, asegura Chen, los farmacéuticos están a la expectativa, "frente a eso tenemos que empezar a prepara el cierre de las farmacias y la suspensión de esta actividad, porque el gobierno no paga luz, salarios y lógicamente los productos que van a ser suministrados por licitación a través del Ministerio de Salud, la CSS y otro por las compras directas; van a estar necesariamente a unos precios muchos más bajos que a nuestros propios costos. Será una competencia desleal del gobierno frente a nuestra actividad", puntualizó.
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