A pesar de las críticas y recomendaciones en contra del Decreto 302 sobre por el cual se busca extender el beneficio de jubilaciones especiales a un grupo selecto de policía, el Gobierno insiste en mantener esta iniciativa.
Entre las voces que han rechazado esta resolución está el abogado Ernesto Cedeño, quien ya presentó una demanda para declarar la nulidad.
En tanto, el excandidato presidencial del partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), Genaro López, aseguró que no se opone a que se les brinde aumento a los trabajadores, pero lo que no pueden aceptar es que se tenga preferencia con un sector o alguna institución determinada.
"A los policías se les han dado varios aumentos, pero no así a otros trabajadores de otras instituciones", sostuvo.
Según López, esta jubilación especial tiene una contradicción con lo que dice la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), que señala que su pensión máxima es de 2,500 dólares.
Agregó que este privilegio a estos funcionarios es porque este es el pie de fuerza de los gobiernos.
"La Policía es la que garantiza el status quo de los gobiernos y la clase dominante. Como necesita tenerlos bien para que hagan ese trabajo, lógicamente le dan una serie de beneficios", añadió López, a la vez que dejó claro que el pueblo tiene grandes necesidades que no son atendidas.
Por su parte, Alfredo Berrocal, de la Federación Nacional de Asociaciones de Servidores Públicos (Fenasep), solicitó al presidente Juan Carlos Varela que derogue este decreto.
Berrocal también agregó que en Panamá hay un tratamiento desigual con respecto al sector seguridad, en el sentido de que hay concentración del gasto.
"Hay (en la Policía) salarios muy superiores al resto de los trabajadores del sector público, y con este decreto se confirma", dijo.
Evaluación
Por su parte, el equipo jurídico de la Contraloría General evaluará si el decreto 302 se ajusta a la ley.
El contralor, Federico Humbert, manifestó que si se concluye que estas jubilaciones no se apegan a la ley, se actuará igual como se procedió con el caso de la bonificación a docentes y administrativos de la Universidad de Panamá.
En otras palabras, se enviará a la Corte Suprema y no se desembolsará estas pensiones hasta que los magistrados se pronuncien.
Dato
Contraloría
El contralor Federico Humbert está evaluando este decreto y luego lo enviará a la CSJ para que decida.
