Posible daño económicos al erario por $75 millones

La Fiscal General de Cuentas en el caso de las investigaciones patrimoniales ha tramitado tramitaron 127 expedientes con un posible daño económico al erario por 75 millones de dólares, según el informe de gestión 2020-2002 revelado ayer.

La fiscal general, Waleska Hormechea en el hemiciclo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) rindió cuentas de su labor en esa entidad.

De acuerdo a la funcionaria se han emitiendo un total de 145 vistas fiscales por un monto que supera los 63.7 millones de dólares y 3 mil 276 personas vinculadas con solicitud de llamamiento a juicio.

Entre el 1 de enero de 2020 al 30 de abril del 2022, el equipo de investigación a cargo de la Fiscal, elevó a la consideración del Tribunal de Cuentas, 112 solicitudes de medidas cautelares por más de 46.9 millones de dólares, con la finalidad de asegurar el resultados de los procesos patrimoniales.

De igual manera, se suscribieron 76 acuerdos de pagos con los vinculados para la consideración del Tribunal de Cuentas por una cifra superior a los 154 mil dólares, además, se solicitaron 22 auditorías a la Contraloría General de la República, apelando al numeral 3 del artículo 26 de la Ley 67 de 2008.

Es imprescindible no pasar por alto, el Plan Estratégico Institucional que fue llevado a efecto en un 98 por ciento en tan solo dos años, al igual que la actuación presupuestaria, la que en 2020 y 2021 tuvo un porcentaje de gasto de 98 por ciento; mientas que en la actual vigencia se refleja una tendencia a lograr igual o mejor ejecución.

Este marco fue oportuno para que la fiscal Hormechea y Silvia Del Rosario Giacoppo, presidente del Parlatino, suscribieran un convenio para establecer la comisión que engendrará la hoja de ruta del proyecto de ley marco de la Jurisdicción de Cuentas a nivel regional.'

127

expedientes abiertos.

La senadora argentina fue la oradora de fondo, exaltando en su discurso la iniciativa impulsada por la fiscal Hormechea en establecer la comisión que creará una normativa jurídica de Cuentas a nivel regional, la que busca combatir el flagelo de la corrupción.

"Con el fin en mente, sinergia, productividad, trabajo en equipo y una coordinación interinstitucional eficaz y efectiva, hemos dados pasos firmes para fortalecer las competencias, habilidades y destrezas de los intervinientes en el combate a la corrupción, investigación, juzgamiento y recuperación del patrimonio del Estado", expresó la Fiscal en su mensaje.