La firma de abogados Icaza & González Ruiz & Alemán, vinculada al ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, fue quien presentó ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), un reclamo tras el acto de licitación para el diseño y construcción de la Línea 2 del Metro de Panamá, otorgada a las empresas Norberto Odebrecht y FCC.
En otras palabras, Icaza & González Ruiz & Alemán es la representante legal del Consorcio Internacional Metro Panamá L2, que interpuso la querella ante la DGCP y que está conformado por las transnacionales China Harbour Engineering Company, China Railway First Group y Corsán-Corviam.
Dicho reclamo se basa en presuntos vicios e irregularidades dentro del proceso de evaluación para esta mega obra que tiene un costo de 1,857 millones de dólares. Tras la protesta, la DGCP decidió aceptar los descargos y detener la adjudicación a Odebrecht y FCC.
Pero paralelo a este proceso de licitación, surge el hecho de que la firma en mención mantuvo vínculos con el actual ministro de la Presidencia, lo que podría generar posibles conflictos de intereses. Sin embargo, desde la Presidencia, contestaron que Alemán se desligó del bufete luego de aceptar el cargo en el Gobierno. "No forma parte del bufete", declaró a este medio Castalia Pascual, vocera del Palacio de las Garzas.
Consultado sobre el tema, el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, aseguró que no cree que exista un vínculo o arreglo entre Alemán, El Metro de Panamá y la Dirección General de Contrataciones Públicas, aunque sí dejó dejó claro que es difícil desligar a los altos funcionarios con los despachos de abogados. "Cualquier firma de abogados grande que usted eliga tiene vínculos con algún ministro, ninguna se escapa", dijo.
En tanto, el jurista Ernesto Cedeño comentó que aun es temprano para hablar de un posible conflicto de interés porque hace dos días se presentó el reclamo contra Odebrecht y FCC. "Hasta ahora no debemos sacar una conjetura porque todavía no hemos visto el fondo de la controversia".
Cabe señalar que luego del acto de licitación, la vicepresidenta y canciller, Isabel Saint Malo de Alvarado, consideró hacer algunas reformas a la ley de contrataciones públicas. De igual forma, el El Movimiento Independiente por Panamá, que apoyó a Varela en la campaña política, solicitó cambios a la misma ley tras las declaraciones de Saint Malo.