Preocupa suspensión de licitación de canal 8
Publicado 2000/03/28 00:00:00
La exministra de Gobierno y Justicia, Mariela Sagel, advirtió que la suspensión de la licitación de los canales 8 y 10 es preocupante, porque no refleja transparencia por parte de las autoridades.
Sagel dijo que el proceso de licitación de los canales de televisión que revirtieron a Panamá a raíz de la aplicación de los Tratados Torrijos-Carter, ha sido "ordenada y vertical".
Agregó que se siente muy preocupada porque el grupo de los nuevos dueños de La Estrella de Panamá ha hecho una campaña cuyo propósito es que se haga el proceso nuevamente y permitir la precalificación de nuevos aspirantes.
Agregó que este grupo está compuesto por gente muy allegada al gobierno actual y "obviamente está ejerciendo sus influencias políticas.
Calificó la decisión del Ente Regulador como una maniobra política del contralor para obstaculizar el proceso y "eso es censurable".
Añadió que la posposición afecta a inversionistas extranjeros que están pendientes de esta licitación, por lo que es una señal muy negativa la que se está mandando al exterior.
En tanto, para el abogado, Rómulo Roux, cuya firma representa a la empresa Televisión del Istmo, es preocupante que la Contraloría se pronuncie sobre la legalidad o no de un decreto ejecutivo.
Señaló que no es normal y común que la Contraloría se pronuncie sobre este tema y por esa razón "estamos analizando la situación para ver si cabe un recurso legal y salvaguardar los intereses de nuestros clientes".
Agregó que resulta sorpresiva esta decisión, porque el Ente Regulador ha actuado con total transparencia.
Por otro lado, el abogado de Corporación Medcom Panamá, Eduardo De Alba, calificó como "delicado" que el contralor esté objetando la licitación, porque no está de acuerdo con un Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley de Radio y Televisión, que está vigente, que no ha sido impugnado por nadie, ni mucho menos declarado en alguna parte ilegal o inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Bajo estos parámetros, De Alba consideró que el contralor no debería estar cuestionando una licitación que se ajusta a normas legales y reglamentarias vigentes y válidas.
Según el jurista, no le hace ningún crédito a la seguridad jurídica y al país que se suspenda un acto de licitación a 48 horas de la presentación de las propuestas, sobre la base de objeciones que en todo caso debieron formularse meses atrás.
Finalmente, De Alba reiteró su reconocimiento al Ente Regulador de los Servicios Públicos, por la forma correcta en que ha llevado este proceso de licitación.
El proceso de licitación para adjudicar las frecuencias de televisión que pasaron a Panamá, en virtud de los tratados sobre el Canal, se inició el 15 de octubre y desde el principio, sólo cuatro empresas: Televisión del Istmo, Televisora Panamericana, Telecomunicaciones Nacionales y Corporación Medcom Panamá mostraron interés.
Por otra parte, la legisladora Teresita de Arias, de la Bancada Popular, y Carlos Smith, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), expresaron ayer "sus sospechas" ante la orden de suspender la licitación pública convocada para la adjudicación de las frecuencias y el equipo que utilizaba SCN o Canal 8 que utilizaron las fuerzas armadas de Estados Unidos en Panamá.
Según la legisladora de Arias, es motivo de "mucha sospecha y pareciera que hay gato encerrado", porque es justamente ahora cuando un grupo de empresarios allegados al actual gobierno se muestra interesado en participar en esta licitación pública, que se suspende.
Recalcó que despierta muchas sospechas que hasta ahora nadie haya encontrado falla alguna en el proceso de licitación, pero ahora cuando un "grupo allegado al gobierno" que no había expresado ningún interés anteriormente y no cumplió con los requisitos del proceso empieza agitarse, se encuentran irregularidades tales como para suspender este acto público.
Mientras el perredista Smith que considera que evidentemente los encargados de realizar este proceso de licitación están sometidos a "presiones", tanto políticas como económicas, las cuales los obligan a tomar este tipo de acciones.
Sagel dijo que el proceso de licitación de los canales de televisión que revirtieron a Panamá a raíz de la aplicación de los Tratados Torrijos-Carter, ha sido "ordenada y vertical".
Agregó que se siente muy preocupada porque el grupo de los nuevos dueños de La Estrella de Panamá ha hecho una campaña cuyo propósito es que se haga el proceso nuevamente y permitir la precalificación de nuevos aspirantes.
Agregó que este grupo está compuesto por gente muy allegada al gobierno actual y "obviamente está ejerciendo sus influencias políticas.
Calificó la decisión del Ente Regulador como una maniobra política del contralor para obstaculizar el proceso y "eso es censurable".
Añadió que la posposición afecta a inversionistas extranjeros que están pendientes de esta licitación, por lo que es una señal muy negativa la que se está mandando al exterior.
En tanto, para el abogado, Rómulo Roux, cuya firma representa a la empresa Televisión del Istmo, es preocupante que la Contraloría se pronuncie sobre la legalidad o no de un decreto ejecutivo.
Señaló que no es normal y común que la Contraloría se pronuncie sobre este tema y por esa razón "estamos analizando la situación para ver si cabe un recurso legal y salvaguardar los intereses de nuestros clientes".
Agregó que resulta sorpresiva esta decisión, porque el Ente Regulador ha actuado con total transparencia.
Por otro lado, el abogado de Corporación Medcom Panamá, Eduardo De Alba, calificó como "delicado" que el contralor esté objetando la licitación, porque no está de acuerdo con un Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley de Radio y Televisión, que está vigente, que no ha sido impugnado por nadie, ni mucho menos declarado en alguna parte ilegal o inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Bajo estos parámetros, De Alba consideró que el contralor no debería estar cuestionando una licitación que se ajusta a normas legales y reglamentarias vigentes y válidas.
Según el jurista, no le hace ningún crédito a la seguridad jurídica y al país que se suspenda un acto de licitación a 48 horas de la presentación de las propuestas, sobre la base de objeciones que en todo caso debieron formularse meses atrás.
Finalmente, De Alba reiteró su reconocimiento al Ente Regulador de los Servicios Públicos, por la forma correcta en que ha llevado este proceso de licitación.
El proceso de licitación para adjudicar las frecuencias de televisión que pasaron a Panamá, en virtud de los tratados sobre el Canal, se inició el 15 de octubre y desde el principio, sólo cuatro empresas: Televisión del Istmo, Televisora Panamericana, Telecomunicaciones Nacionales y Corporación Medcom Panamá mostraron interés.
Por otra parte, la legisladora Teresita de Arias, de la Bancada Popular, y Carlos Smith, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), expresaron ayer "sus sospechas" ante la orden de suspender la licitación pública convocada para la adjudicación de las frecuencias y el equipo que utilizaba SCN o Canal 8 que utilizaron las fuerzas armadas de Estados Unidos en Panamá.
Según la legisladora de Arias, es motivo de "mucha sospecha y pareciera que hay gato encerrado", porque es justamente ahora cuando un grupo de empresarios allegados al actual gobierno se muestra interesado en participar en esta licitación pública, que se suspende.
Recalcó que despierta muchas sospechas que hasta ahora nadie haya encontrado falla alguna en el proceso de licitación, pero ahora cuando un "grupo allegado al gobierno" que no había expresado ningún interés anteriormente y no cumplió con los requisitos del proceso empieza agitarse, se encuentran irregularidades tales como para suspender este acto público.
Mientras el perredista Smith que considera que evidentemente los encargados de realizar este proceso de licitación están sometidos a "presiones", tanto políticas como económicas, las cuales los obligan a tomar este tipo de acciones.
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