La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, estimó que los detenidos no deben tener derecho al voto y que si se les concede este beneficio sería justo hacerlo extensivo a los nacionales que residen en el extranjero.
Fletcher también aseguró que los funcionarios gubernamentales tienen la tendencia a ocultar y negar información al público, lo que contraviene la Ley de Transparencia recientemente puesta en ejecución en todo el país.
Al abordar el tema de la emisión del sufragio, la funcionaria estimó que la propuesta de permitir el voto a quienes se encuentran privados de libertad le parece incorrecta, debido a que existe una gran cantidad de ciudadanos quienes gozan de todos sus derechos y que no se les permite votar.
La funcionaria explicó que de garantizar el sufragio a quienes se encuentran detenidos por la comisión de un hecho punible se les estaría concediendo un privilegio, que no tienen otros ciudadanos, como aquellos nacionales residentes fuera del país.
Alegó que existen otros ciudadanos como aquellos recluidos en asilos o en hospitales, quienes no tienen la oportunidad de ejercer su derecho al voto. Añadió que en este caso se debe aplicar una reforma más integral en donde se integre a quienes tienen el derecho de ejercer el sufragio.
En cuanto al tema de la Ley de Transparencia, estimó que existe un excesivo secretismo por parte de los funcionarios públicos en temas que deben ser del conocimiento de la población. Agregó que en la ley aprobada por la Asamblea Legislativa está previsto de manera clara los casos en donde se debe mantener reserva de la información.
Sostuvo que el hecho de ocultar una información en donde no existe nada pecaminoso, despierta la sospecha de la comunidad y provoca suspicacia entre quienes la solicitan. Planteó que en estos casos lo recomendable es publicitarla.
