Pronunciamiento causa decepción y sorpresa
Publicado 2007/02/15 00:00:00
- Santiago Cumbrera y Juan Manuel Díaz C.
La procuradora dijo que no puede abrir una investigación penal porque tiene que existir una actuación dolosa.
DECEPCIÓN, frustración y sorpresa, y no precisamente grata, es lo que causó entre algunos sectores el pronunciamiento del procurador de la Administración, Oscar Ceville, de que el contrato del asesor del Ministerio de Educación, Manuel Solís Palma, no contradice la Ley Faúndes porque no es un servidor público.
A sus 89 años, Solís Palma firmó tres contratos con el Ministerio de Educación (MEDUCA) en los últimos años, lo cual levantó toda una ola de protestas que fueron ignoradas por el Gobierno hasta hace poco.
Los contratos de Solís Palma se hicieron bajo la Ley 54 de 20 de diciembre de 2006, por el cual se dicta el Presupuesto General del Estado, y la Ley 22 de 2006 sobre Contrataciones Públicas.
Según Ceville, ambas normativas permiten que el octogenario labore en el engranaje gubernamental sin ningún tipo de problema, contrario a la opinión de algunos juristas.
Según el abogado Adolfo Linares, clasificar el nombramiento de Solís Palma como "servicios especiales" o "consultoría", no tiene ningún sustento jurídico.
La razón: el propio ministro de Educación, Miguel Angel Cañizales reveló que Solís Palma estaba nombrado como su asesor y que además estaba adscrito a su despacho con un salario de B/.4,500 mensuales.
Esto, a juicio de Linares, lo convierte en un funcionario de libre nombramiento y remoción, según lo que establece la Ley No. 9 de 20 de junio de 1994, que regula la Carrera Administrativa.
Además, la Ley 54 dice categóricamente que los honorarios mensuales no excederán los B/.3 mil.
Sin embargo, el contrato de Solís Palma es de B/.4 mil 500 , por lo cual debió contar con la autorización del Órgano Ejecutivo.
Se desconoce si el contrato pasó por el Ejecutivo, pues el Ministerio de Educación lo mantiene bajo reserva.
Además, Ceville en su pronunciamiento no hace referencia a este aspecto.
La jefa del Ministerio Público, Ana Matilde Gómez, aseguró ayer que no abrirá una polémica con Ceville, y que respetará esta decisión por ser éste el asesor de la administración pública.
Estimó que ahora corresponde a la Contraloría tomar una decisión sobre si Solís Palma se mantiene o no en el MEDUCA.
Resaltó que no puede abrir una investigación penal, porque tendría que existir una actuación dolosa y le correspondería a la Contraloría evaluarlo.
Nació el 3 de diciembre de 1917 en la provincia de Los Santos. Fue ministro encargado de la Presidencia a los 71 años y su período duró 1 año y 6 meses.
Fue miembro activo de los grupos opuestos al régimen militar hasta la primera mitad de la década del ochenta. Es uno de los promotores del Frente Nacional de Oposición (FRENO), grupo que surge luego de la firma de los tratados Torrijos-Carter, cuando en 1978 se presenta la oportunidad a los exiliados de regresar al país.
Fue secretario general del MOLIRENA hasta cuando este colectivo decisión apoyar la candidatura de Arnulfo Arias en los comicios de 1984. A pesar de existir un acuerdo decidió apoyar a Nicolás Ardito Barletta, quien era el candidato del general Noriega.
En 1988, acusó ante la ONU a Estados Unidos de agresión contra Panamá.
En 1990, se ordenó su detención y encarcelamiento acusándolo de haber organizado el grupo de los CODEPADIS.
-En 1993 se le encontró culpable del delito contra el orden interno del Estado. Se le condenó a 44 meses de prisión.
A sus 89 años, Solís Palma firmó tres contratos con el Ministerio de Educación (MEDUCA) en los últimos años, lo cual levantó toda una ola de protestas que fueron ignoradas por el Gobierno hasta hace poco.
Los contratos de Solís Palma se hicieron bajo la Ley 54 de 20 de diciembre de 2006, por el cual se dicta el Presupuesto General del Estado, y la Ley 22 de 2006 sobre Contrataciones Públicas.
Según Ceville, ambas normativas permiten que el octogenario labore en el engranaje gubernamental sin ningún tipo de problema, contrario a la opinión de algunos juristas.
Según el abogado Adolfo Linares, clasificar el nombramiento de Solís Palma como "servicios especiales" o "consultoría", no tiene ningún sustento jurídico.
La razón: el propio ministro de Educación, Miguel Angel Cañizales reveló que Solís Palma estaba nombrado como su asesor y que además estaba adscrito a su despacho con un salario de B/.4,500 mensuales.
Esto, a juicio de Linares, lo convierte en un funcionario de libre nombramiento y remoción, según lo que establece la Ley No. 9 de 20 de junio de 1994, que regula la Carrera Administrativa.
Además, la Ley 54 dice categóricamente que los honorarios mensuales no excederán los B/.3 mil.
Sin embargo, el contrato de Solís Palma es de B/.4 mil 500 , por lo cual debió contar con la autorización del Órgano Ejecutivo.
Se desconoce si el contrato pasó por el Ejecutivo, pues el Ministerio de Educación lo mantiene bajo reserva.
Además, Ceville en su pronunciamiento no hace referencia a este aspecto.
La jefa del Ministerio Público, Ana Matilde Gómez, aseguró ayer que no abrirá una polémica con Ceville, y que respetará esta decisión por ser éste el asesor de la administración pública.
Estimó que ahora corresponde a la Contraloría tomar una decisión sobre si Solís Palma se mantiene o no en el MEDUCA.
Resaltó que no puede abrir una investigación penal, porque tendría que existir una actuación dolosa y le correspondería a la Contraloría evaluarlo.
Nació el 3 de diciembre de 1917 en la provincia de Los Santos. Fue ministro encargado de la Presidencia a los 71 años y su período duró 1 año y 6 meses.
Fue miembro activo de los grupos opuestos al régimen militar hasta la primera mitad de la década del ochenta. Es uno de los promotores del Frente Nacional de Oposición (FRENO), grupo que surge luego de la firma de los tratados Torrijos-Carter, cuando en 1978 se presenta la oportunidad a los exiliados de regresar al país.
Fue secretario general del MOLIRENA hasta cuando este colectivo decisión apoyar la candidatura de Arnulfo Arias en los comicios de 1984. A pesar de existir un acuerdo decidió apoyar a Nicolás Ardito Barletta, quien era el candidato del general Noriega.
En 1988, acusó ante la ONU a Estados Unidos de agresión contra Panamá.
En 1990, se ordenó su detención y encarcelamiento acusándolo de haber organizado el grupo de los CODEPADIS.
-En 1993 se le encontró culpable del delito contra el orden interno del Estado. Se le condenó a 44 meses de prisión.
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