Proponen la creación del Consejo de Magistratura

La creación del Consejo Superior de la Magistratura-Judicatura es una de las propuestas para que efectúe la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del procurador General de la Nación, de la Administración, como la de sus respectivos suplentes.
Esta propuesta la entregó la Alianza Ciudadana Pro Justicia, para que sea tomada en cuenta en las discusiones que lleva a cabo la Asamblea Legislativa sobre el paquete de Reformas Constitucionales.
Esta recomendación del Consejo Superior de la Magistratura introduce al sistema judicial, un espacio corporativo, competente y científico, que se traduce en un órgano de gobierno independiente y administrativo.
El mismo creará el reclutamiento, selección y nombramiento de los candidatos para el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de algunos Tribunales y del Ministerio Público.
La secretaria ejecutiva de esta organización civil, Magaly Castillo, dijo que estas propuestas son parte del planteamiento efectuado desde hace tres años por la sociedad civil, para que se corrijan las actuales fallas que presenta el sistema judicial panameño y que han provocado la percepción ciudadana de falta de independencia judicial.
La posición de esta agrupación de la sociedad civil que agrupa al Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Foro 2020, Federación Nacional de Servidores Públicos, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Colegio de Abogados, entre otros, planteó la necesidad de mejorar la forma de designación de estos funcionarios.
Como requisitos señalan que para optar por estos cargos los candidatos no pueden haber pertenecido a partido político durante los últimos dos años anteriores a su designación del cargo, mantener una independencia de criterio frente al gobierno de turno y tener altos valores éticos y solvencia moral demostrables, son parte de las exigencias.
Se agrega para tales designaciones la idoneidad profesional para el cargo o sala de la Corte Suprema en el que será nombrado, y la ausencia de conflictos de intereses.
Estas propuestas fueron tomadas de la Declaración Ciudadana por la Justicia y el Estado de Derecho de la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE), celebrada el año pasado.