Un incidente de controversia, que busca se declare nula la providencia que ordena un careo entre el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Samuel Buitrago, y uno de los imputados fue presentado ante el Juzgado Sexto de lo Penal dentro de las investigaciones que lleva la Fiscalía Tercera Anticorrupción por un supuesto desfalco de 155 mil dólares descubierto en la institución.
El hecho fue detectado a través de una auditoría en el programa de Auxilio Económico Complementario del IFARHU en el período 2007-2009. Por este caso se le formularon cargos a ocho funcionarios y 18 estudiantes de educación superior beneficiados con el programa.
Las investigaciones indican que los jóvenes eran contactados por funcionarios o personas ajenas a la entidad, quienes le garantizaban recibir el dinero para cursar sus estudios superiores a cambio de que se les diera el 50% del desembolso.
Según Mauricio Ceballos, abogado de Buitrago, la fiscalía está solicitando un careo, a pesar de que no existen contradicciones entre las partes citadas. "Las diligencias de careo solo se efectúan cuando existen contradicciones", dijo.
Ceballos, en su incidente de controversia, también le recordó al Juzgado Sexto que a la Fiscalía Sexta se le venció el terminó de la prórroga que se le dio el pasado 17 de febrero y venció el 17 de junio. "No nos oponemos a que se investigue, pero que se haga conforme en derecho y si la fiscalía necesita más tiempo que solicite una ampliación", detalló.
Se pudo conocer que el careo iba a practicarse entre Ceballos y uno de los beneficiarios, que en su declaración indagatoria menciono al exdirector del IFARHU como una de las personas a quien él le tuvo que dar dinero a cambio de que se le garantizara recibir el dinero para sus estudios universitarios, sin embargo, en una segunda declaración el joven señaló que Buitrago no tenía nada que ver con los hechos.
Se conoció que el careo debió realizarse el pasado jueves, pero fue suspendido porque Ceballos estaba incapacitada. La fiscal Yolanda Austin procedió a reprogramar la diligencia.
