El presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, Jorge Herrera, aseguró que esta decisión se adoptará luego de una reunión con todos los representantes y alcaldes opositores, la cual determinarán el dos de enero.
Herrera, manifestó que tras dicha reunión, de no tener respuesta porp arte del gobierno central harán "una manifestación de 10 mil personas para mandarle un mensaje claro al gobierno". Advirtió, además que "no queremos llegar al extremo de la Ley Chorizo ni tampoco con el tema minero".
Carlos Pérez Herrera, representante de San Francisco y miembro del Partido Revolucionario Democrático, calificó de inaudito que se diera un enfrentamiento entre policías y autoridades legítimamente electas.
Pérez Herrera, indicó a RPC Radio que "lo más lamentable es que somos tan legítimos como el presidente de la República. Lo que sucedió ayer no tiene nombre, primera vez en la historia que nosotros vemos que autoridades electas los reprime la policía. Nosotros nada más teníamos 15 minutos de haber estado en Divisa y ya los antimotines ya estaban preparados para tirar contra nosotros".
Luego de afirmar que la manifestación en protesta se realizará, el representante de Juan Díaz, Javier Sucre, sostuvo que a pesar de estos enfrentamientos que se registraron, los alcaldes y representantes de oposición no cierran las puertas al diálogo.
"Queremos hacer un llamado de atención al gobierno. Queremos hacer recapacitar al señorp residente sobre estos fondos que deben de ser equitativos para todo el país", determinó Sucre.
Ante la legitimidad de la acción cometida por las fuerzas policiales, el abogado Carlos Carrillo indicó que la única autoridad que puede ordenar la restricción restricción de libertad de una autoridad es un juez o un magistrado. "El hecho de haber retenido a una persona con esa funciones públicas constituye evidentemente una violación a la ley y un abuso de autoridad", agregó Carrillo.
Anselmo Guerra, abogado, resaltó por su parte que a pesar de la jerarquía de los manifestantes no se envió a un representante del gobierno para dialogar.
El jurista Miguel Antonio Bernal agregó que "se está reprimiendo innecesariamente, y eso no es bueno ni sano para el país" a lo que culminó que "una vez más, la bota se impuso al voto, y eso es lo que más tristeza da".
Por otra parte, el gobernador de Herrera, Nilo Murillo Robles admitió que él fue quien dio la orden de desalojar a los alcaldes y representantes que mantuvieron cerrada la Vía Panamericana. Según el gobernador, solo ejerció lo que el procedimiento administrativo indica.
"Tenemos que comprender que la ley aplica para todos, que la cosntitución es clara en decir de que la calle no pueden trancar y menos la Vía Interamericana y nosotros como responsables de la provincia y como la priemra autoridad administrativa del a provincia de herrera tuvimos que ejercer lo que el procedimiento administrativo nos indica", exhortó Murillo Robles.
