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Sea Energy, el otro escándalo detrás de Araúz en la AMP

La AMP permitió que la empresa que había sido suspendida por un primer derrame que causó su nave Sea Lion en el puerto de Rodman.

Redacción | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmerica - Actualizado:

Sea Energy, el otro escándalo detrás de Araúz en la AMP

El 30 de junio de 2020 el puerto de Rodman o PSA sufrió un serio derrame de búnker que contaminó las aguas de la entrada del Canal de Panamá en el Pacífico.

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Este accidente naval dio inicio a una historia de irregularidades que marcan a las principales figuras detrás de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP): el administrador Noriel Araúz y el director de la Marina Mercante, Rafael Cigarruista.

Dos de las figuras más cuestionadas del gobierno de Laurentino Cortizo.

La embarcación Sea Lion fue la señalada de haber causado el derrame lo que generó que el equipo técnico se viera forzado a realizarle una inspección que dio con el listado de una serie de incumplimientos, como tripulantes venezolanos sin papeles, la falta de un seguro vigente que permitiera cubrir los daños del derrame causado, y otras falencias técnicas.

Debido a todos estos incumplimientos, la AMP tuvo que cancelar la licencia de la embarcación Sea Lion y la de la empresa Sea Energy Shipping S.A. el 19 de mayo de 2020. Con ello, la empresa quedó advertida que no podía seguir realizado el servicio de transporte y suministro de combustible debido a la declaratoria de peligro contra la nave Sea Lion.

El 26 de abril 2021, un año después del primer derrame, la empresa Sea Energy Shipping S.A. recuperó su licencia en medio una situación anormal para los expertos en temas marítimos. No es normal que una empresa que hubiese perdido su licencia por un grave accidente de derrame de búnker y por operar una embarcación incumpliendo muchos requisitos técnicos, pueda recuperar en menos de un año su licencia de operación.

Pero ese punto solo fue el inicio de una serie de irregularidades administrativas que apuntan al administrador de la AMP y el director de marina mercante, ambos en proceso de dejar la posición en el cambio de gobierno.

La empresa Sea Energy Shipping S.A. reapareció en el negocio del suministro de combustible en la Bahía de Panamá, pero con la operación de un nuevo barco: el Gi Bunker. También apareció como nuevo representante Gabriel Alonso Fernández Cabeza, también vinculado al círculo cero del administrador de la AMP, Noriel Araúz y al polémico Pablo Torres.

Mientras eso se gestaba en la AMP, la empresa se desvinculó de la nave Sea Lion, la cual fue abandonada en la bahía. En medio de ello, se dio un segundo derrame que contaminó principalmente las costas de la Isla Taboga.

La AMP fue cuestionada por su papel de tratar de desvincular a la embarcación de este segundo derrame, mientras que los expertos aseguran que la empresa debió mantener la responsabilidad sobre la nave tras ser abandonada en la bahía.

Las irregularidades sobre Sea Energy Shipping S.A. empezaron nuevamente a complicarse por supuestos manejos irregulares desde la AMP que dieron origen a denuncias penales que están pendiente de una solución en la Corte Suprema de Justicia.

El abogado Roberto Ruíz Díaz presentó procesos administrativos y penales denunciando la supuesta manipulación de la fecha de quilla o inauguración de la embarcación Gi Bunker que impedía que la misma recibiera la licencia para operar como nave de suministro de combustible.

En su momento, el director de Marina Mercante trató de justificar la alteración de la fecha de quilla del Gi Bunker como un simple error.

Cigarruista dijo que es común la emisión de patentes de embarcaciones con errores, refiriéndose a la denuncia penal que le interpuso el abogado Ruíz Díaz por supuestamente haber obviado la puesta de la fecha de quilla en la embarcación Gi Bunker para realizar la actividad de despacho de hidrocarburos en aguas panameñas.

"Todo porque yo maliciosamente no puse el año de quilla en una patente de una nave. Cuántas fechas de quilla no salen equivocadas, cuántas toco yo. Es frustrante a veces", manifestó Cigarruista tratando de explicar la anomalía.

Según Ruíz Díaz, esta embarcación no cumplía con la edad mínima requerida para obtener la patente (15 años como máximo) y con ello llevó el caso hasta la Corte.

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