La reunión convocada por la Defensoría del Pueblo para examinar las quejas de los residente de la comunidad de El Arado, en La Chorrera, sobre emanaciones de humo y ruido de la planta termoeléctrica de propiedad de la empresa Pan-Am Generating Ltd., culminó en mutuas acusaciones por parte de los participantes y abogados de la causa.
Desde hace dos años, residentes en los alrededores de la termoeléctrica mantienen un litigio con la empresa Pan-Am Generating Lt., a la que acusan de ser la causante de los problemas auditivos, respiratorios y manchas en la piel, que afectan a la comunidad y que son causados presuntamente por las emanaciones de gas, producto de la quema de bunker tipo C, utilizado para el funcionamiento de la planta.
A la reunión asistió la alcaldesa encargada del distrito, Yolanda Villa de Arosemena, quien aseguró estar convencida de que el funcionamiento de la termoeléctrica no representa ningún riesgo para la salud de la población, opinión que le valió críticas por parte de los afectados presentes.
Según Arosemena, no es posible, sin la presentación de pruebas científicas y médicas, afirmar que el ruido y los gases producto de la combustión de bunker C puedan causar daños a la salud, moción que fue apoyada por el representante de la Cámara de Comercio de La Chorrera, Leovigildo Rodríguez.
Aún cuando los residentes de El Arado esperaban la asistencia del Defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, éste no asistió, sin embargo, efectuó en la noche del viernes una inspección a las viviendas ubicadas en los alrededores de termoeléctrica.
No obstante, Jorge Fabián Gutiérrez, director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, expresó que los niveles de ruido varían en horas de la noche y el día, aunque advirtió que el tiempo que permaneció en el lugar fue corto, por lo que no pudo comprobar que el humo se introduce en las casas en horas de la tarde.
En tanto, el abogado Silvio Guerra, reiteró que la planta está instalada en medio de una población de mil 200 habitantes. Sostuvo que se debe revisar los trámites efectuados por la empresa para obtener los permisos de instalación de la planta termoeléctrica.
A su vez el gerente técnico de la empresa, Americo de La Guardia, afirmó que contrario a las críticas, la empresa ha cumplido con todos los requisitos y ha efectuado ofertas de compra a quienes mantienen propiedades en los alrededores, con la intención de aliviar la situación y reubicarlos.
En el caso de la compra de terrenos solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para que se nombre un árbitro o evaluador para que fije el costo de los terrenos de modo que la Pan-Am Generating Lt., elabore un presupuesto para la compra; con la intención de ubicar en los terrenos maquiladoras.
Una idea que no es del todo compartida por una parte de los pobladores, especialmente los de mayor antigüedad de residir en el área.
De La Guardia insistió en que al igual que existen residentes del área supuestamente afectados por el funcionamiento de la planta también existen quienes expresan no sentirse perturbados por ello.
Afirmó además que en los próximos días se realizarán análisis para medir la contaminación causada por los vehículos que transitan por la vía al igual que los generados por la planta, lo que servirá además para medir los niveles de plomo, alegando que el bunker C no contiene este elemento.
Al no llegar a un acuerdo, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo convocaron a una nueva reunión para mañana martes, en las oficinas de la institución
