Una propuesta que busca modificar el Código Judicial podría dejar en manos de la Sala Quinta, de Instituciones de Garantías, la autorización de las peticiones de grabación de conversaciones telefónicas.
La iniciativa, que impulsa el presidente de la Comisión de Gobierno y miembro de la bancada de Cambio Democrático Hernán Delgado, llegó al hemiciclo legislativo momentos en que el Órgano Ejecutivo realiza el proceso de selección de los tres magistrados que integrarán esa nueva sala de la Corte.
El documento, que se presentó el pasado lunes, activó la voz de alarma de varios dirigentes de los grupos organizados de la sociedad civil, que de plano lo rechazaron.
“Esta propuesta lo que hace es legalizar la persecución a todos los niveles, porque los seis (tres principales y tres suplentes) nuevos magistrado serán nombrados y elegidos por el presidente Ricardo Martinelli. Por lo tanto, ellos van a responder a los intereses del Órgano Ejecutivo”, denunció Mauro Zúñiga, miembro de la Asamblea Ciudadana.
Planteó que “puede que exista una buena intención con esta iniciativa, pero la misma se desvirtúa, debido a que no existe una real independencia de los poderes”.
En esa misma línea se pronunció el abogado Jaime Abad, quien consideró que dejar en manos de la Sala Quinta el tema de las intervenciones telefónicas significaría poner la justicia en manos del presidente.
Añadió que técnicamente a la Sala Quinta le corresponde conocer estas peticiones, pero si no se revisa con más detenimiento este proyecto, lamentablemente, la Sala quedará en manos del mandatario, como pasó con el Consejo de Seguridad Nacional, convertido en una policía política.
Por su parte, el diputado panameñista José Isabel Blandón recordó que si una vez, en los gobiernos de Ernesto Pérez Balladares y de Mireya Moscoso, se opusieron a la creación de la Sala Quinta, ahora les tocará estudiar detalladamente las disposiciones que contiene este documento.
Entre tanto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Ruiloba, manifestó que, a pesar de que las reglas del juego establecen que es el mandatario quien elige a los magistrados, estará en los diputados velar que los escogidos sean abogados con el perfil indicado que requiere la Corte Suprema de Justicia, sobre todo, para que los integrantes de esta nueva sala no estén ligados ni atados políticamente.
“No se debe generar conflicto si cumplen con el perfil que se necesita”, manifestó.
Por su parte, el diputado Hernán Delgado defendió su propuesta, pues alegó que serán sus colegas los que tendrán la última palabra.
Incluso, planteó que será uno de los temas prioritarios para los últimos días de sesiones del pleno legislativo, que tiene hasta el 31 de octubre para sesionar.
Sala Quinta continúa en suspenso
La Sala Quinta fue creada en 1999 por el entonces presidente Ernesto Pérez Balladares.
Tras ocho meses desde que la Corte Suprema de Justicia le dio vida a la nueva Sala, luego de declarar inconstitucional la ley que derogó en 1999 la Sala Quinta de Instituciones de Garantías, aún no ha sido instalada físicamente ni se han nombrado a los magistrados que la presidirán.
Fuentes del Órgano Judicial indicaron que se están efectuando remodelaciones al edificio 238 en el cerro Ancón, que albergaba oficinas del Ministerio de Salud, para instalar a esta nueva instancia de justicia.
Al Órgano Judicial ya se le adelantó una partida de 680 mil dólares, que se desprenden de los 2 millones de presupuesto asignado por el Ejecutivo, que no ha procedido con la designación de los seis nuevos magistrados que la ocuparán: tres principales y tres suplentes.
