Vendedores extranjeros de chicha denuncia atropellos de Alcaldía
Publicado 1998/02/18 00:00:00
- BerlÃn
Un grupo de extranjeros vendedores de chichas, frituras y otros productos en carretillas y semáforos, denunciaron ayer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, que la Alcaldía de Panamá les ha prohibido "terminantemente" trabajar.
Según los vendedores ambulantes, en los últimos meses se "ha desatado un persecución" en contra de ellos, se les ha impuesto una gran cantidad de multas y se les ha decomisado la mercancía.
Lino Ramiro Fallas, vocero de los vendedores, explicó que en base al decreto #400 de abril de 1996 emitido por la Alcaldía de Panamá, se les prohibió trabajar en este distrito de Panamá.
Expresó que son más de 200 personas entre los cuales hay dominicanos, peruanos, colombianos y ecuatorianos que en su mayoría están casados con panameños y tienen hijos; por lo cual consideran que no se les debe negar el derecho al trabajo.
Fallas expresó que están conscientes de que la Constitución Nacional dispone el comercio al por menor exclusivo para panameños, pero por cuestión humanitaria la Alcaldía debe darles el permiso para trabajar. Al tiempo que preguntan por qué se permite que asiáticos, hindúes, hebreos y otros, ejerzan el comercio al por menor.
Donato Rosales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos recomendó a los vendedores que contactaran a la alcaldesa, Mayín Correa, como autoridad que puede darles respuesta a este problema.
Expresó que se ha programado una reunión para la próxima semana a la cual invitarán a la alcaldesa, Mayín Correa, al coordinador de los corregidores y al Defensor del Pueblo, Italo Antinori.
Según el vocero de los vendedores extranjeros, la Constitución Nacional dispone que a través de la ley se puede regular o acondicionar esta actividad en un caso especial como éste.
Según los vendedores ambulantes, en los últimos meses se "ha desatado un persecución" en contra de ellos, se les ha impuesto una gran cantidad de multas y se les ha decomisado la mercancía.
Lino Ramiro Fallas, vocero de los vendedores, explicó que en base al decreto #400 de abril de 1996 emitido por la Alcaldía de Panamá, se les prohibió trabajar en este distrito de Panamá.
Expresó que son más de 200 personas entre los cuales hay dominicanos, peruanos, colombianos y ecuatorianos que en su mayoría están casados con panameños y tienen hijos; por lo cual consideran que no se les debe negar el derecho al trabajo.
Fallas expresó que están conscientes de que la Constitución Nacional dispone el comercio al por menor exclusivo para panameños, pero por cuestión humanitaria la Alcaldía debe darles el permiso para trabajar. Al tiempo que preguntan por qué se permite que asiáticos, hindúes, hebreos y otros, ejerzan el comercio al por menor.
Donato Rosales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos recomendó a los vendedores que contactaran a la alcaldesa, Mayín Correa, como autoridad que puede darles respuesta a este problema.
Expresó que se ha programado una reunión para la próxima semana a la cual invitarán a la alcaldesa, Mayín Correa, al coordinador de los corregidores y al Defensor del Pueblo, Italo Antinori.
Según el vocero de los vendedores extranjeros, la Constitución Nacional dispone que a través de la ley se puede regular o acondicionar esta actividad en un caso especial como éste.

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