Fernández otorga indulto a ex ejecutiva Baninter y ex funcionarios transporte

El presidente dominicano, Leonel Fernández, otorgó hoy el indulto a una banquera condenada a cinco años por el fraude en 2003 del banco Baninter, así como a cuatro ex funcionarios sentenciados a diferentes penas por actos de corrupción en el manejo de un proyecto de renovación de vehículos.

Fernández dispuso el término de las penas pendientes a Vivian Lubrano, ex vicepresidenta de negocios de Baninter, quien nunca llegó a ingresar en prisión debido a problemas de salud que la han mantenido recluida en un centro médico.

A través de la disposición, el gobernante liberó de reclusión al ex alcalde de Santo Domingo y ex diputado Pedro Franco Badía, y a los dirigentes de sindicatos de choferes Antonio Marte, Milcíades Amaro Guzmán y Gervacio de la Rosa.

El decreto presidencial no explica las razones de esta decisión, que se aplicará a partir de mañana.

Lubrano, a quien el juez ejecutor de la pena otorgó recientemente dos meses de plazo para que se presente a purgar su condena, fue condenada por abuso de confianza y encubrimiento de información financiera.

Por el caso Baninter fueron condenados a 10 años de prisión su ex presidente Ramón Báez Figueroa, el ex asesor Luis Álvarez Renta y el ex vicepresidente de operaciones del banco, Manuel Báez Cocco.

El fraude en Baninter se destapó en mayo de 2003, cuando las autoridades de entonces denunciaron que sus ejecutivos habían distraído más de 2.000 millones de dólares.

Franco Badía y los tres dirigentes del transporte guardan diferentes penas de reclusión desde marzo pasado cuando la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dominicana declaró "inadmisible" un recurso de éstos en contra de una sentencia de un tribunal menor.

El alto dirigente del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), fue condenado a tres años de prisión domiciliaria, y al pago de una multa de 15 millones de pesos (unos 454.000 dólares).

Los cuatro forman parte de un grupo de ex funcionarios del gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), que fueron condenados por la la distracción de más de 1.800 millones de pesos (unos 54,5 millones de dólares) del Plan Renove, que tendría como propósito renovar la flota de vehículos del transporte público.