Ex represores de la dictadura paraguaya son beneficiados por la ley de ancianidad
- Humberto Cornejo O.
El ex ministro paraguayo Sabino Augusto Montanaro, procesado por delitos de lesa humanidad, pasó la primera noche en su vivienda tras ser favorecido por una ley de ancianidad y otro ex represor de la pasada dictadura se beneficiará de la misma normativa.
Montanaro abandonó cerca de la medianoche del viernes la cárcel asuncena de Tacumbú, la mayor del país, gracias a un hábeas corpus concedido por la Corte Suprema de Justicia en un proceso abierto en su contra por la muerte por torturas de un estudiante, en 1976.
Permanecerá en su domicilio en arresto domiciliario en espera de los resultados del proceso.
El tribunal Supremo argumentó que el artículo 238 del Código Penal prohíbe la prisión preventiva a las personas mayores de 70 años y que el que fuera ministro de Interior durante 23 años, entre 1966 y 1989, "cuenta con 87 años de edad, próximo a cumplir 88 años, el 30 de julio de este año".
Montanaro fue trasladado de la penitenciaría de Tacumbú a su antigua residencia capitalina tras dos noches de reclusión en los servicios de Sanidad y 54 días en el Policlínico Policial Rigoberto Caballero.
En este centro médico había permanecido bajo arresto por orden judicial tras regresar voluntariamente al país, el 1 de mayo pasado, proveniente de Honduras, donde estuvo asilado durante 20 años al no prosperar dos exhortos de extradición tramitado por las autoridades paraguayas.
Su encarcelamiento fue ordenado el 22 de junio por el juez Andrés Casati, cuatro días después de que otro magistrado, Arnaldo Fleitas, determinara que permaneciera en el hospital policial.
Casati decretó la prisión del ex ministro tras la declaración testifical del secretario general de la Presidencia, Miguel López Perito.
El jefe de Gabinete de Fernando Lugo ofreció su testimonio sobre la muerte del dirigente estudiantil Mario Schaerer Prono, en abril de 1976, ya que compartió el calabozo con él tras ser detenidos en una redada contra la clandestina Organización Política Militar (OPM).
El futuro de Montanaro será definido en una prueba siquiátrica ordenada por Fleitas, que tiene a su cargo varios casos de asesinatos y desapariciones, para decidir si está en condiciones de hacer frente a un proceso.
Algunas de las causas que afronta el ex ministro están dentro de la Operación Cóndor, un sistema instaurado en las décadas de 1970 y 1980 por los regímenes militares en el Cono Sur para reprimir a sus opositores más allá de las fronteras de cada país.
En otra causa manejada por Fleitas, un tribunal de apelación ordenó también el viernes la reclusión domiciliaria de un ex delator a quien el magistrado condenó en 2007 a diez años de prisión por la desaparición de un médico disidente, en 1969.
Se trata de Francisco Ortiz Téllez, de 71 años y que está alojado en Tacumbú desde el 16 de mayo pasado tras ser detenido ese mismo día en una vía pública de San Juan Bautista, en el departamento de Misiones, sur del país.
Ortiz Téllez, condenado en la causa abierta por Fleitas para esclarecer la desaparición del médico Agustín Goiburú, ocurrida en noviembre de 1969 en Posadas (Argentina), en la frontera con Paraguay, deberá guardar reclusión domiciliaria hasta que la pena quede en firme.
El condenado se desempeñaba en esa ciudad argentina como cónsul de su país tras ocupar cargos en una unidad policial destinada a perseguir a los opositores de la dictadura y, según la resolución judicial, delató a los organismos de seguridad de las actividades del médico en el vecino país.
En el Paraguay de la época de Alfredo Stroessner (1954-1989) al menos 59 personas fueron asesinadas y otras 336 desaparecieron, según el informe final de la Comisión Verdad y Justicia, que investigó las violaciones de los derechos humanos cometidas por la pasada dictadura.
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