La ONU dice que la declaración universal reafirma el apoyo mundial a los indígenas

El relator de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, aseguró hoy que la comunidad internacional demostró su apoyo a las comunidades indígenas con la adopción hace dos años de la Declaración Universal que reconoce sus derechos ancestrales.

"La adopción de la declaración es un indicio del firme compromiso de la comunidad internacional para reparar la denegación histórica y presente de los derechos de los pueblos indígenas", consideró en una conferencia de prensa Anaya.

Señaló que la declaración proporciona un marco de entendimiento entre los indígenas y el Estado, de acuerdo a los principios de igualdad, autodeterminación y el respeto a la diversidad.

"He recibido denuncias de violaciones de estos derechos en todo el mundo, y es algo a destacar, ya que demuestra que persiste un patrón de violaciones", resaltó Anaya, que es profesor de leyes de la Universidad de Arizona (UA) en Tucson (EE.UU.).

Al mismo tiempo, destacó como "positivo" que en la mayoría de los casos los Gobiernos implicados en estas infracciones reconocen la existencia de problemas y se muestran dispuestos a abordarlos.

Anaya señaló en un informe a la Asamblea General de la ONU que desde que asumió el cargo en mayo de 2008 ha elaborado reportes sobre la situación de los indígenas en Brasil y Nepal, tras las respectivas visitas al país.

También ha viajado a Chile, Australia, Botswana, Colombia y Rusia para conocer de cerca la realidad de las comunidades indígenas en esos países.

La Declaración Universal de los derechos de los Indígenas fue adoptada en 2007 por la Asamblea General de la ONU tras más de dos décadas de negociaciones.

Sus 46 artículos establecen los estándares mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas del mundo, que incluyen la propiedad de sus tierras, acceso a los recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales y la autodeterminación.

Tras su primera presentación en 1982 ante la entonces Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, varios países occidentales y africanos preocupados por la repercusión de la declaración en su soberanía lograron impedir su avance mediante continuados llamados a su renegociación.

Estos retrasos fueron considerados por los activistas indígenas como intentos de proteger los intereses de las grandes empresas de estos países en las explotaciones económicas de sus tierras ancestrales.