El candidato colombiano Pardo plantea llevar las escuchas a la justicia internacional

El candidato presidencial colombiano por el Partido Liberal, Rafael Pardo, planteó hoy que la justicia internacional "tendría que actuar" para que las escuchas y seguimientos ilegales presuntamente ordenados por el Gobierno no queden en la impunidad.

Si no se avanza en el proceso abierto por la Fiscalía colombiana, "las instancias internacionales estarán abiertas, porque no puede haber impunidad en este tema", sostuvo Pardo en declaraciones a la emisora La FM.

El "uso ilegal de la inteligencia del Estado tiene un efecto en la calidad de la democracia colombiana" y, por ello, el asunto de las escuchas "debe aclararse" antes de las elecciones presidenciales del próximo 30 de mayo, señaló Pardo, quien aparece cuarto en las últimas encuestas sobre esos comicios.

En un derecho de petición enviado a la Fiscalía General y publicado hoy por varios medios, Pardo le pide en su condición de "víctima" a esa institución "celeridad" en las investigaciones.

"Creo en la capacidad que la Fiscalía tiene para llegar a la verdad sobre este lamentable episodio y creo en la intención que tiene esa entidad de llegar hasta el fondo", apunta el político liberal en su escrito.

Pero a continuación advierte: "Por tratarse de delitos que violan los derechos humanos, si la justicia colombiana permite que se presente impunidad en alguno de estos casos, la justicia internacional, de manera subsidiaria, tendría que actuar".

La Fiscalía colombiana sostiene que, según varios testigos, las órdenes para realizar escuchas y seguimientos ilegales a defensores de derechos humanos, magistrados, políticos y periodistas salieron de la Casa de Nariño, sede del Gobierno.

Entre las víctimas de los seguimientos y escuchas que hizo el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal) figuran el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, la premio Nobel de Paz iraní Shirin Ebadi y funcionarios de agencias de la ONU.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, negó hace apenas diez días que su Gobierno esté detrás de este escándalo.

Además, la semana pasada declaró que está dispuesto a ir a prisión si se comprueba que ordenó al DAS hacer escuchas y seguimientos ilegales.

Este fin de semana, la senadora opositora Piedad Córdoba aseguró a través de su página de Twitter que tiene "pruebas" de las escuchas y seguimientos que supuestamente ordenó el Gobierno en su contra, pero no dio más detalles.

En respuesta, el DAS instó en un comunicado a Córdoba, conocida por su labor de mediadora ante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la liberación de rehenes en poder de esa guerrilla, a presentar esas pruebas ante la justicia.