Supremo mexicano ordena liberar a indígenas acusadas de secuestrar a policías

El Supremo mexicano ordenó hoy a la Justicia mexicana "la liberación inmediata" de dos indígenas otomíes encarceladas en México desde agosto de 2006 por haber supuestamente secuestrado a seis policías.

Fuentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijeron a Efe que la Primera Sala, compuesta por cinco magistrados, giró un telegrama al juzgador para que queden libres

Alberta Alcántara Juan, 31 años, y Teresa González Cornelio (26 años), presas en Querétaro, "porque no son responsables" de los delitos que les imputaron.

A las dos se les había acusado de secuestrar a seis policías federales por lo que en 2006 fueron condenadas a 21 años de cárcel. A Alcántara, además, se le señaló de posesión de cocaína, aunque por ese delito no se le sentenció.

Una tercera indígena, Jacinta Francisco Marcial, fue liberada el año pasado después de que un juez reabriera el caso y la fiscalía retirara los cargos por presiones de organismos de derechos humanos.

La fuente de la SCJN dijo que los cinco magistrados decidieron no esperar a notificar, sino enviar un telegrama al juzgador para que queden en libertad de inmediato, lo que podría ocurrir en las próximas horas.

Uno de los abogados de las indígenas, Leopoldo Maldonado, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo a Efe que la resolución de hoy era "un primer paso hacia la justicia integral" en México.

Señaló que debería haber un resarcimiento de daños, no sólo "económicos" sino "psicológicos", y que era necesario "de manera simbólica que el Estado reconozca que se equivocó".

Además, Maldonado señaló que en México es necesario que "a través de leyes se establezcan garantías de no repetición" de este tipo de casos, en los que acaban en la cárcel falsos culpables.

"Aquí lo más preocupante es que la institución encargada de procurar justicia, la Fiscalía, fabrica las pruebas. Y esas las valida un juez", sentenció.

Por otra parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró en un comunicado que finalmente "se ha hecho justicia" en un caso que nuevamente ha destapado las carencias del sistema jurídico mexicano.

Las indígenas fueron detenidas el 3 de agosto de 2006 por el presunto secuestro de seis agentes federales durante un operativo policial en busca de droga y artículos piratas en una población del central estado de Querétaro.

Según las indígenas, los agentes llegaron a la comunidad de Santiago Mexquititlán vestidos de civil, sin identificación, desmontaron de manera violenta unos puestos de venta y se incautaron de la mercancía.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), tres de las indígenas que trabajaban allí retuvieron durante varias horas y por la fuerza a los policías, por lo que se les acusó de secuestro.

En marzo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana se apropió del caso después de estimar el argumento de Alberta Alcántara y Teresa González, cuya defensa denunció irregularidades en la sentencia.

En México, con 107 millones de habitantes, hay unos trece millones de indígenas, en su mayoría en condiciones de pobreza y marginación.