Reforman una ley que impide a los banqueros tener medios de comunicación en Venezuela

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó hoy una reforma a la Ley de Bancos que impide a accionistas de entidades financieras tener simultáneamente acciones en medios de comunicación.

Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, dijo a la prensa que la reforma aprobada busca "desmantelar el perverso sistema que combina intereses mercantiles, industriales, comerciales y financieros con el sagrado derecho a la libertad de información y comunicación".

Sanguino precisó que a partir de ahora "los accionistas, directores, administradores, comisarios o factores mercantiles de empresas de comunicación, información y telecomunicaciones no podrán ser promotores, accionistas principales, directores, administradores y consejeros de bancos, cajas de ahorro y préstamo u otras instituciones financieras como casas de cambio".

El diputado explicó que en la exposición de motivos para aprobar la reforma se señaló que se trata de evitar que los medios de comunicación sean usados para respaldar "estafas y expoliaciones al pueblo venezolano, como la cometida por la ex directiva del Banco Federal".

La propuesta de reforma fue presentada a la AN el pasado 11 de agosto por el vicepresidente del Gobierno, Elías Jaua, luego de comprobarse una "perversa relación" entre el canal privado Globovisión y el quebrado Banco Federal a través de Nelson Mezerhane, accionista de ambas empresas.

Jaua dijo entonces que Mezarhane utilizó a Globovisión para lanzar una intensa campaña publicitaria destinada a captar nuevos clientes y fondos a sabiendas de que era irreversible la intervención del Banco Federal por falta de solvencia.

"La reforma trata de evitar la perversa relación entre medios de comunicación e instituciones financieras que ha permitido la estafa a miles de ahorristas venezolanos", dijo Jaua.

Las autoridades financieras venezolanas intervinieron el Banco Federal el 16 de junio y el 10 de agosto decidieron su "liquidación" para vender parte de sus activos y cubrir el pago de depósitos a sus clientes de las carteras de fideicomiso y cajas de ahorros, entre otros.

Por otra parte, el 30 de junio la justicia venezolana ordenó la detención de Mezerhane quien se convirtió en prófugo porque abandonó el país para dirigirse presumiblemente a Estados Unidos.

La Fiscalía acusó a Mezerhane de los presuntos delitos de "asociación para delinquir, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, aprobación indebida de créditos, apropiación y distracción de recursos financieros, difusión de información financiera falsa y ocultamiento de información en la declaración institucional".

El 17 de agosto la Fiscalía pidió a un tribunal de Caracas que se movilice para que Mezarhane sea extraditado y pueda responder por los presuntos delitos financieros que se le imputan.

El tribunal requerido por la Fiscalía deberá dirigirse al Supremo para que en el lapso de 30 días contados a partir de la recepción de la solicitud declare si considera procedente la extradición.

Si el Supremo considera que la petición se ajusta a la norma remitirá copia de lo actuado al Gobierno para que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo ponga en manos, en ese caso, de la justicia estadounidense.

Mezarhane ha desvinculado su proceso del Código Penal y ha afirmado que es un "pase de factura" política del gobernante venezolano, Hugo Chávez, por las críticas emitidas a su gestión a través de Globovisión.