Una corte chilena rechaza sobreseer por demencia a un general imputado por secuestro

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó hoy sobreseer por demencia a un general retirado procesado por el secuestro calificado (desaparición), en 1973, de una docena de asesores y funcionarios del Gobierno de Salvador Allende, informaron fuentes judiciales.

El sobreseimiento había sido solicitado por la defensa del general Herman Brady Roche, que tiene 90 años y permanece desde hace 11 meses internado en el Hospital Militar de Santiago, y la negativa fue pronunciada de forma unánime por la V Sala del tribunal de alzada.

Brady, que era el jefe de la guarnición militar de Santiago cuando Augusto Pinochet encabezó el golpe que terminó con el Gobierno de Salvador Allende, está procesado por el juez especial Juan Fuentes Belmar.

El magistrado lleva el juicio por la desaparición de 12 asesores de Salvador Allende y funcionarios de su Gobierno detenidos en La Moneda el 11 de septiembre de 1973, día del golpe militar.

El abogado del militar, Carlos Cortés, había planteado la solicitud de sobreseimiento señalando que Brady no estaba en condiciones de discernir para enfrentar un juicio.

"La corte pidió un tercer informe y cuando concurrieron los neurólogos expresaron que no estaba capacitado para enfrentar el juicio", dijo Cortés a los periodistas.

"Espero que siga bien de salud, que pueda mejorar y así seguir la defensa como corresponde y que se falle de acuerdo al mérito del proceso", agregó.

Brady fue procesado el año 2008 por el juez Fuentes Belmar, junto al ex brigadier Pedro Espinoza, quien tras el golpe llegó a ser el segundo al mando de la policía secreta y que actualmente se encuentra en prisión, cumpliendo varias condenas por violaciones a los derechos humanos.

Según se ha podido establecer en el juicio, los asesores de Allende fueron llevados al regimiento de artillería Tacna, donde se les torturó hasta el día siguiente, cuando fueron llevados al campo militar de Peldehue, al norte de Santiago.

En ese lugar, fueron ejecutados y sepultados en una fosa a la que los militares, antes de tapar con tierra, lanzaron granadas para destruir los cadáveres.

Sin embargo, en 1978, los restos fueron exhumados de forma clandestina, metidos en sacos unidos a rieles y lanzados al mar desde helicópteros militares, en el marco de la llamada "Operación Retiro de Televisores", ordenada por Pinochet para borrar las huellas de los crímenes.