Agua sin flúor y con quejas

La noticia de que la producción local de sal puede ser desplazada por sal proveniente del extranjero coloca en una posición incómoda la política de desfluorización del agua anunciada por las autoridades del IDAAN en vísperas de su proyectada privatización. La sal extranjera no es fluorizada porque no es un requisito obligante en el mercado internacional del producto. Por consiguiente, la población panameña correría el riesgo de quedarse sin flúor en el agua y en la sal, agravándose seriamente la protección de la salud dental. ¿Cómo va a arreglarse esta incongruencia de la política de salud del régimen?.
Mientras la calidad del agua parece perderse en un callejón sin salida, del interior llegan quejas múltiples contra las anomalías en el servicio de agua potable. Como resultado de la sequía provocada por el Niño el año pasado y por las irregularidades en el abastecimiento de agua, numerosas familias optaron por invertir miles de dólares en la construcción de pozos dentro de sus residencias que les garantizara el suministro del líquido vital en todos los meses del año. Sin embargo, se nos asegura que, a pesar de que los pozos funcionan y el IDAAN ya no suministra agua, la institución factura el servicio y por montos exorbitantes, sin causa ni proporción. Familias que tienen pozos propios dentro de sus fincas en Coronado reciben facturas por consumos que se acercan a centenares de balboas, no obstante que no reciben ni una gota de agua del servicio público.
Las quejas por estas irregularidades no son atendidas, llegándose al extremo de amenazar a los usuarios con cobranzas coactivas que pueden llegar, según expresan las notas impresas, al embargo de las residencias. Si la empresa estatal que es un servicio de todos los panameños incurre en actitudes ilegales, no extrañaría que las empresas privadas que adquieren el IDAAN y que buscan utilidades por encima de todo, podrían llegar a medidas peores. Es importante que, en defensa de los usuarios atropellados en sus derechos, se tengan la garantía de la realización de áuditos técnicos que fiscalicen el real estado de los servicios y de la competencia técnica de los empleados que evalúan el consumo y la facturación del agua. El IDAAN se queja de un gigantesco robo de agua potable. Pero no se refiere a las cobranzas ilegales por consumo inexistente y a las amenazas contra la propiedad privada. El Ente Regulador de los Servicios Públicos debe exigir áuditos técnicos y contables a escala nacional antes que se desencadenen escándalos mayúsculos que en nada favorecen a un servicio estatal que, de no ponerse remedio a sus deficiencias, las transferirá a las empresas privatizadoras como viene sucediendo con la energía eléctrica.