Casa para ricos, cárcel para pobres

El hacinamiento en las cárceles, las enfermedades patéticas de los reos, las huelgas, motines, asesinatos y enfrentamientos entre internos y oficiales es la suma de sustentos que avala el escenario en el devenir en los casos judiciales que asombrosamente desfilan por el acontecer nacional. Observamos con perplejidad la detención a domicilio de aquellos que en un momento histórico fueron figuras públicas, nos lleva a reflexionar las palabras del jurista argentino, Alberto Binder: “el código de comercio para la gente rica, el código penal para la gente pobre”, cómo estos delincuentes, a pesar de los graves delitos, son beneficiados con la medida de recibir casa por cárcel y disposiciones de seguridad permanente y como respuesta a la prohibición de enviarlos al Centro de Arresto y detenciones preventivas.

Ahora bien, veamos el trasverso de la moneda, donde el procesado común, o hijo de Pablo Pueblo, por el hecho de ser sospechoso, es recluido en celdas de paupérrimas condiciones, cuyo albergue supera el número de internos. No obstante, este esquema de detención nos deja un malestar, y es la falta de funcionarios para atender al privado de libertad de un procesado judicial, mientras se realice el acto condenatorio. Nos preguntamos ¿cómo se controla si el procesado está dentro de su casa, cuando paradójicamente no hay policías suficientes que garanticen la seguridad de la población?

El panorama nacional, en el que se multiplican los casos de corrupción que afectan a nuestros políticos, hecho preocupante en todos los estamentos y la máxima expresión de respeto a los Derechos Humanos, emprende la sapiencia para impartir justicia, desde otorgar casa por cárcel a quien se roba una gallina, una vaca o un celular hasta castigar con todo el peso de la ley sea del color que sea, nómbrese fraudadores, homicidas, violadores, extorsionadores o traficantes.

En este contexto y como profesional de la comunicación, debemos analizar la problemática desde la perspectiva de que una sociedad estigmatizada en la que se practica la selectividad penal, casa para ricos, cárcel para pobres, constituye una combinación peligrosa, en particular porque se refuerza la exclusión social. Soy partidaria de democratizar la cárcel al 100% y de que se meta en ella a todos aquellos, pobres o ricos, que tengan comportamientos nocivos y antisociales, sin preferencias ni privilegios.

En mi opinión, Panamá se enfrenta a una situación peligrosa para un país que quiere construir una sociedad cohesionada. Por eso son preocupantes los efectos de este proceso selectivo de la justicia, tanto para la psicología nacional, puesto que desestabiliza el país y crea una ansiedad innecesaria.