¿Cómo evitar las invasiones de tierras?

A medida que crecen las ciudades importantes del país, sobre todo la de Panamá, llegan muchos inmigrantes del campo en busca de trabajo y oportunidades. Así comenzaron las invasiones de tierras en áreas periféricas, desarrollándose muchas de las actuales barriadas de San Miguelito y de Panamá, como Viejo Veranillo, Curundú y recientemente, las de áreas revertidas del Distrito de Arraiján. Estos invasores ocupan tierras para la construcción de su vivienda sin autorización del propietario.
El invasor se centra en la búsqueda de un lote para construir una vivienda provisional con materiales de segunda en tierras privadas y /o del Gobierno. En su mayoría son tierras de difícil acceso como cerros, áreas inundables, pantanosas, o servidumbres, y por lo tanto carecen de calles, agua potable, electricidad, y alcantarillado sanitario.
Por lo general, los invasores son gente pobre que ha perdido el empleo o tienen trabajos eventuales; familias arrimadas, que viven con sus padres o parientes; mujeres abandonadas y con muchos hijos; familias víctimas de incendios o inundaciones, o familias que viven en casas condenadas, ambientes insalubres e inseguros o de alta promiscuidad. En menor cantidad, son personas que quieren especular y ocupar tierras para luego venderlas a personas necesitadas.
La ley establece que el deber de las autoridades es garantizar la propiedad privada; por eso, los corregidores y la policía han tratado de reprimir las últimas invasiones. Sin embargo, por tratarse de un problema social de tipo habitacional, es fundamental la presencia inicial del Ministerio de la Vivienda.
Cuando se invaden terrenos, se tiene el inconveniente de que los ocupantes marcan lotes sin ninguna planificación previa. Todos estos nuevos asentamientos ponen al Gobierno a la defensiva, porque es la gente en la búsqueda desesperada de una vivienda la que define dónde hacer las nuevas barriadas, y dónde llegar con agua potable y electricidad, en vez de ser planificadas y urbanizadas de antemano por el Estado con un concepto de desarrollo urbano.
Lo indicado sería adelantarse a este problema social con proyectos específicos de lotificación, en vez de reprimir el fenómeno. Por eso, el Ministerio de la Vivienda debe tener una organización dinámica que prevea estos movimientos en todas las ciudades importantes del país, de acuerdo con el crecimiento de cada ciudad. Además, debe adquirir tierras en los sectores críticos y lotificarlos con servicios básicos de corte de calles y agua potable, para que funcionen como áreas de recepción para potenciales precaristas. Estas áreas de recepción también permitirían recibir a las familias afectadas por incendios o inundaciones, o familias que por sus bajos ingresos no califican para optar por una vivienda propia. El objetivo es canalizar estas demandas de vivienda hacia áreas de recepción, aprovechando la mano de obra de la propia comunidad, para evitar invasiones y especulaciones de terceras personas.
La creación de oficinas en áreas de recepción que registren y seleccionen a las familias necesitadas de una solución habitacional económica es fundamental para evitar invasiones que sólo acarrean escenas desagradables, destrucción de casas, familias enteras que quedan a la intemperie y detenciones de dirigentes.
La presencia inmediata del personal del Ministerio de Vivienda en brotes de invasiones es importante para resolver el problema antes de que crezca y se tenga que acudir al corregidor y a la policía con soluciones de fuerza, al margen de la raíz social del problema.