Conozca a su cliente
El Ministerio de Economía y Finanzas, con la autorización del Gabinete ministerial, ha presentado un proyecto de ley cuyo propósito es reforzar la transparencia de las entidades jurídicas. El proyecto propone la adición del siguiente parágrafo al artículo sexto de la Ley 2 de 2011, conocida como conozca a su cliente: “El agente residente deberá obtener información del cliente o del tercero en nombre del cual actúa el cliente a efecto de que las personas que sean designadas como directores o dignatarios de la entidad jurídica para la cual presten sus servicios consientan en dicha designación”.
El dispositivo busca la regulación del nombramiento de los miembros de las juntas directivas de sociedades anónimas para evitar que los nombramientos recaigan en personas que no autorizaron expresamente la designación o que se nombre a personal administrativo que carece de nociones legales de los deberes, derechos y responsabilidades que conllevan los nombramientos. Al aprobarse el proyecto se requerirá el consentimiento por escrito o por otra vía de verificación del nombramiento.
La política de transparencia del Gobierno se orienta a la regulación de entidades jurídicas para que los agentes residentes respondan por la obligatoriedad de conocer la identidad personal y legal, domicilio, solvencia financiera real de sus clientes, a fin de prevenir la comisión de delitos como blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, etc.
Diversas organizaciones internacionales públicas y privadas recomiendan la adopción de regulaciones legales, comerciales y bancarias destinadas a preservar la infiltración de recursos económicos de origen ilícito a través de entidades jurídicas de fachada legal cuya constitución corresponde a los agentes residentes engañados por elementos de la delincuencia organizada.
La flexibilidad tributaria y la confidencialidad de cuentas bancarias de diversos Estados fueron aprovechadas para el trasiego de capitales acumulados por actividades criminales disfrazadas, por lo que se creó una legislación internacional sobre lavado de dinero y narcotráfico a través de convenios que tienen como marco legal la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1983 y la Convención de Viena de 1993.
En la perspectiva de la lucha contra el crimen organizado, Panamá suscribió convenios y acuerdos sobre asistencia legal y cooperación judicial mutua con Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Cuba, Argentina, Uruguay y otros Estados para concretar la asistencia legal mutua y erradicar el uso de fraudes, incluyendo la obtención de dinero o bienes mediante engaños, falsas representaciones o promesas, violaciones de la ley de los Estados contratantes relacionadas con efectivo u otras transacciones financieras, como elemento integral que concurra a la comisión de delitos debidamente tipificados.
La ley de sociedades anónimas de 1927 establece que el pacto social debe contener el domicilio de la sociedad, el nombre del agente en la república y el número de los directores. Los negocios de la sociedad son administrados por una junta directiva compuesta de tres miembros mayores de edad, sin distinción de sexo.