De los 873,750 trabajadores asalariados que había a agosto 2019 (INEC), 37% (327,340) perdió su empleo, 30% (262,381) lo mantuvo, 18% (153,463) fue suspendido y luego reactivado, 13% (111,019) mantiene su contrato suspendido y 2% (19,547) fue reactivado y desvinculado.
La sostenibilidad laboral de estos 111 mil trabajadores no reactivados luce complicada, en particular los 83,974 del sector terciario, pertenecientes al comercio, bares y restaurantes, actividades devastadas por las restricciones de movilidad. Foto: EFE
Luego de 30 años de crecimiento de su economía y expansión laboral, hoy enfrentamos un desafío inédito: generar empleo pospandemia, transformar la estructura económica y reducir la desigualdad social. A corto plazo (2021), el país experimenta recuperación económica y aumento del desempleo, de manera concurrente. Varios organismos internacionales prevén una vigorosa recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) panameño en el 2021. Estas proyecciones incluyen las del Fondo Monetario Internacional (+12%), Banco Mundial (+12%), The Economist (+11%) y CEPAL (+8.2%).
La expansión del PIB en el 2021 es apuntalada por el sector externo, particularmente las exportaciones de cobre. Sin embargo, y a pesar de que comienzan a reanimarse algunas actividades, el sector interno se mantendrá deprimido y condicionado a las medidas de restricción de movilidad, lo cual ocasiona una tendencia al aumento del desempleo. De hecho, la ministra de Trabajo, Doris Zapata, estima que el desempleo a junio 2021 se ubicó en 20%, en contraste con el 18.5% registrado en septiembre 2020.
El impacto laboral de la COVID-19 se resume en dos indicadores: aumento del 24% en la planilla estatal y 37% de reducción del empleo asalariado (formal) privado. El colapso del empleo formal privado fue directamente responsable por la disminución del 40% en los ingresos de la Caja del Seguro Social (CSS) en el 2020 y el colapso del consumo, estimado en $600 millones mensuales y focalizado en estratos humildes de la población, toda vez que 4 de cada 5 trabajadores que perdieron sus fuentes de ingreso tenían empleos formales, ganaban menos de $750 mensuales, recibieron 11 o menos años de instrucción formal y desempeñaban trabajos presenciales.
De los 873,750 trabajadores asalariados que había a agosto 2019 (INEC), 37% (327,340) perdió su empleo, 30% (262,381) lo mantuvo, 18% (153,463) fue suspendido y luego reactivado, 13% (111,019) mantiene su contrato suspendido y 2% (19,547) fue reactivado y desvinculado.
La sostenibilidad laboral de estos 111 mil trabajadores no reactivados luce complicada, en particular los 83,974 del sector terciario, pertenecientes al comercio, bares y restaurantes, actividades devastadas por las restricciones de movilidad.
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) espera tramitar unos 200 mil nuevos contratos laborales en el 2021, 68 mil más que los 132 mil procesados en el 2020, cuando se perdieron 289 mil empleos, y un poco más de la mitad de los 378 mil tramitados en el 2019, cuando se generaron 52,040 empleos, todos informales. En la primera mitad del año, la entidad ha tramitado unos 97,700 nuevos contratos, que representan el 48% de los 202,108 tramitados en el mismo período del 2019.
Entendiendo que estamos en una emergencia sanitaria, que conlleva protocolos específicos, generar empleo requerirá de cuatro condiciones: 1. Eliminar las restricciones de movilidad. Las Cuarentenas y Toques de Queda seguirán destruyendo empleos. 2. Minimizar el miedo. Mientras haya miedo de contagio o incertidumbre económica, se seguirá restringiendo el consumo, y, por ende, las perspectivas de reactivación sostenible de la generación de empleo. 3. Inyectar liquidez al sistema productivo, a través de financiamiento bancario e Inversión Extranjera Directa (IED), dada la precaria situación financiera del Gobierno 4. Buscar "consensos" (no "culpables") para enfrentar a la peor catástrofe laboral de nuestra historia.
92% de los empleos generados en la última década (2010-2020) fueron informales, y el otro 8% fue el resultado de incrementos en la planilla estatal. Hoy casi el 70% de los trabajadores del país son informales y funcionarios.
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A mediano plazo, Panamá necesita enfrentar el colapso del empleo formal privado y el aumento de la informalidad. Cada $1 en salarios privados aporta $0.23 a las finanzas del Estado, vía Impuesto sobre la Renta, Cotizaciones a la CSS y Seguro Educativo. El salario del funcionario también, pero siendo el Estado el empleador, equivale a "sacarse de un bolsillo para metérselo en el otro". El Informal aporta poco a las finanzas gubernamentales.
Crear empleo formal será un reto. 2 de cada 3 empleos generados en los últimos 15 años vinieron de 7 sectores con altos y crecientes niveles de informalidad, incluyendo el Comercio (47.2%), Construcción (58.9%), Industria (60.4%), Logística (59.5%), Turismo (52.1%), Servicios Administrativos (52.4%) y Agricultura (74.5%).
El Gobierno adelanta esfuerzos para atraer IED y explorar nuevos sectores económicos, como la Minería, sector donde la informalidad es del 7.2% (2019). La mejor estrategia para atraer inversionistas extranjeros es la experiencia de los que ya invirtieron en el país. La Ley SEM del 2007 ha atraído $1,100 millones en IED y creado 35 mil empleos formales.
Necesitamos más, muchos más.
Asesor empresarial.
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