De un Estado paternalista a uno de calidad

La fragilidad del Estado panameño tiene raíces profundas en nuestra historia política y cultural. La clase dirigente criolla no se ha interesado —o tal vez no ha sabido— construir un Estado moderno y funcional. Por inercia o por conveniencia prefirió convivir con un Estado paternalista, donde quienes gobiernan ejercen derechos exclusivos sobre los beneficios que pueden extraer del aparato estatal.

Los recurrentes decretazos, la incapacidad para controlar el cumplimiento de las normas y la desmoralización de los buenos funcionarios son los síntomas de un mal profundo: la politización excesiva del aparato estatal transformado en coto de caza de la política de bajo vuelo.

Gobiernos de diferentes bandadas políticas han intentado reformar el Estado a través de los llamados "equipos de lujo". Las posiciones clave del Estado han sido ocupadas por equipos provenientes de fundaciones, consultorías o empresas. Pero estas iniciativas, a veces loables en sus propósitos, no logran modernizar el aparato estatal y contribuyen a afianzar el Estado patrimonial.

En las últimas administraciones se han incorporado cientos de asesores "contratados" a las diferentes dependencias públicas. A través de este mecanismo, los ministros, alcaldes y demás dirigentes políticos de turno parecen fortalecer su gestión al contratar personas de su confianza. Pero con mucha frecuencia y bajo este esquema de buenas intenciones, los ministros y alcaldes terminan trabajando con los asesores “contratados” y dejan de lado los funcionarios permanentes. La rotación de los políticos y los roces entre los “contratados” y la planilla permanente —que no goza de los mismos sueldos— agrava el deterioro administrativo y crea además capas geológicas que transforman la supuesta solución en un problema más.

Igualmente, desde la época de la dictadura, se contrataron a prestigiosas firmas de contadores y/o consultores internacionales para poner en marcha reformas administrativas en diversas dependencias públicas. Pero la idea de que consultores basados en Madrid, París o Washington podrían reformar las instituciones panameñas se fundamenta en un diagnóstico equivocado. La ineficiencia, los vacíos normativos y la ocasional mafia enquistada en el aparato estatal son los síntomas y no las causas del mal que nos aqueja.

Para coronar los desvaríos debo mencionar el relajo que se ha jugado con la Carrera Administrativa, creándose un sistema paralelo de acceso a los cargos públicos a través de influencias y conexiones, más que por capacidad y conocimiento. De esta forma, los funcionarios calificados existen pero no se los convoca o se los relega para beneficiar a los leales de turno de la política.

Todos los países avanzados tienen sistemas políticos democráticos, economías de mercado y aparatos estatales de calidad. Si queremos un Panamá democrático, próspero y progresista tenemos que enfrentar el desafío de crear un Estado moderno.

¿Qué han hecho los países exitosos para reformar su aparato estatal y dejar atrás el Estado paternalista? Lo primero es que la dirigencia política y los que alcanzan el poder deben adquirir el compromiso y llegar a un pacto político amplio para despolitizar ciertas áreas estratégicas de la administración pública, y poner en marcha un plan que nos permita comenzar a dejar atrás el oprobio de la corrupción, el clientelismo y el nepotismo que han corroído nuestro aparato estatal.

Sin un consenso político para despolitizar ciertas áreas estratégicas del Estado, los intentos de reingeniería del aparato estatal seguirán siendo inútiles. Igualmente, las autoridades encargadas del poder político deben seleccionar cuidadosamente un puñado de instituciones clave dentro del Estado para iniciar el proceso de reforma y modernización.

La experiencia confirma la conveniencia de reformar un Estado paternalista a través de la creación de nichos de excelencia y apartados de la burocracia asfixiante. Siguiendo el ejemplo de otros países exitosos debemos iniciar la reforma por las instituciones que ejercen el control de la gestión, de las finanzas y de la legalidad del accionar del Estado. Me refiero a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas, y al Ministerio de la Presidencia, especialmente su Secretaría de Metas. Estas tres instancias pueden, a partir de sus funciones de supervisión y control, incentivar la gradual modernización del resto del aparato estatal.

El camino de creación de un Estado nacional moderno y profesional será largo, pero el trayecto de diez mil leguas se comienza a transitar con un primer paso. ¿Sabrán, querrán, nuestras autoridades darlo?

rcarles@cableonda.net