Del apagón educativo y las penumbras de la virtualidad

Todos los informes internacionales y regionales hablan de la catástrofe educativa que ha acompañado la hecatombe sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19. El gran apagón educativo por el cortocircuito pandémico, trató de superarse apelando a una virtualidad forzada y al empleo de otros medios de educación a distancia, como guías de aprendizaje y empleo de la radio y la televisión.

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Las marchas forzadas permitieron una primera reacción para atender a los 744 mil estudiantes en entidades oficiales, a los 160 mil estudiantes en el sistema particular, así como de 46,800 docentes en los centros oficiales y de sus 12000 en centros particulares (15% del sistema total).

Igualmente el desarticulado y anquilosado sistema universitario panameño respondió con medidas excepcionales no exentas en algunos de cierto barbarismo como iniciar el semestre en una fecha temprana pese a que no se tenía idea de la conectividad de los estudiantes ni de la preparación de los docentes para acometer la tarea. Los librados a su suerte, se contaron por miles.

Solo un 87% de los estudiantes panameños tuvo clases a distancia en 2020. Según la ministra de Educación en el año lectivo 2020, 378,000 estudiantes y 47,359 docentes crearon y utilizaron su correo electrónico; 225,000 estudiantes utilizaron la plataforma Office365/MS TEAMS y otras herramientas. Más del 50% del estudiantado realizó su conexión a través de celulares.

UNICEF, a través de la Encuesta a Hogares, estimó que a junio de 2021, 4 de cada 10 estudiantes no tenían acceso a internet. La enorme mayoría de los docentes no tenía formación ni condiciones de trabajo en sus hogares para abordar las estrategias de educación virtual. Ni menos aún los hogares de ese casi 50% de viviendas precarias en lo urbano y rural. Los primeros resultados indican que las tasas de deserción subieron hasta 30% en educación básica, el 46% premedia y 24% de la media. Unos 7 mil estudiantes quedaron en un limbo. No existe un informe oficial en el caso de las universidades. 

Panamá necesita, por tanto, un reajuste importante de la política pública de la educación nacional y una re-estructuración profunda de la administración educativa del parvulario y la universidad. Igualmente, y eso es esencial, replantearse el financiamiento de la educación nacional y del sistema de ciencia y tecnología que deberán re-articularse al sistema educativo de una manera distinta, todo centrado en conseguir, y asegurar el Derecho a la Educación –incluida la educación superior- en importancia y concomitancia con el Derecho a la Salud.

Algunos expertos han sostenido que hay que abrir las escuelas y las universidades a la comunidad, haciéndole de grado creciente en la medida que la vacunación avance, combinando las modalidades presencial y virtual de educación con una real vocación de educación social y comunitaria.

Hay que hacer un nuevo contrato social educativo y sanitario que de cuajo enfrente las desigualdades sociales a través de la estrategia sanitaria, ambiental, educativa y tecnocientífica. Para ello necesitamos radiografías y un mapeo en tiempo real de la situación de las comunidades educativas, para dar respuestas prontas y adecuadas, apoyar su reactivación y avivamiento.

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Igualmente nos debe llevar a reconfigurar las comunidades educativas con plena y efectiva participación de los padres de familia que no pueden seguir al margen de la educación de los hijos, sobre todo, luego de enfrentar en las viviendas la realidad de lo que educar conlleva.

Ciertamente la catástrofe social que vivimos la dimensiona no tanto la caída del PIB del orden del 10% -ya de por sí tremenda- pero que rápidamente ha repuntado por las condiciones propias de la estructura económica nacional, pero siguen 253 mil contratos de trabajo suspendidos, precariedad laboral, detrás de la cual se alcanza un casi 20% de desempleo abierto y una pobreza multidimensional que se ha acrecentado a órdenes inimaginables, haciendo aún más desigual una sociedad que ya estaba de por sí muy fragmentada.

Así, pues, la Estrella del plan de gobierno del presidente Cortizo corre el riesgo de enfriarse aún más, pero repensada de manera correcta podría dar paso a la entrada en el siglo XXI de los procesos de resocialización en medio de la enorme complejidad y heterogeneidad de las situaciones con medidas que acompañen un plan de reactivación que mire más allá de las cajas registradoras y apueste por inversiones reales y no el baratillo de nuestros activos estratégicos.

Urge lanzar un plan nacional de reconversión docente para que puedan usarse, de la mejor manera, los recursos y herramientas virtuales, incluso si avanzamos hacia la presencialidad en las aulas, así como una reconfiguración de las escuelas –todas, incluidas las universidades- para hacerlas verdaderos lugares de encuentro y resocialización de la comunidad para apropiarse del saber y crear conocimiento local de un valor extraordinario.

No se trata de volver a la vieja normalidad. Esa normalidad era mala, tal vez pésima en términos tanto educativos como socioeconómicos. Por eso urge soñar con nuevas reconfiguraciones pedagógicas que impliquen mayor flexibilidad, pero sobre todo mayor participación.

Solo la plena y democrática participación de los ciudadanos podrá hacer que las inciertas bondades de la virtualidad no se transformen en otra fractura entre los que tienen acceso y conocimiento, de los que no lo tienen.

Docente y gestor universitario.