Desafiando a los derechos humanos

El caprichoso incumplimiento del gobierno frente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Baena Ricardo y otros (270 trabajadores vs. Panamá) causa vergüenza pública a nuestro país. El pasado 3 de mayo tuvo lugar en la sede de la CIDH en San José, una audiencia convocada por dicho tribunal internacional con el objeto de que Panamá informara de progresos, de existir alguno, en la ejecución de su sentencia dictada en este caso, comúnmente llamado de la Ley 25 de 1990.

La audiencia resultó ser una deliberada pérdida de tiempo, pues los representantes del Estado panameño evidenciaron que el avance en la implementación de la sentencia equivale a cero. El gobierno demostró que no tiene la más mínima intención de acatar lo expresamente ordenado por la CIDH y que, en consecuencia, tampoco está dispuesto a respetar los principios internacionales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Estos representantes aguardaron hasta la conclusión de la audiencia para entregar a la CIDH un brevísimo documento con el cual pretendieron simular el detallado informe que el tribunal solicitaba a Panamá desde hacía tres meses.

Incluso, ciertos argumentos legales fueron copiados de los escritos que Panamá presentó ante la CIDH entre 2001 y 2004, escritos sobre los que el Estado también permanece inexplicablemente moroso.

La situación del caso ha ido variando para mal desde 2004. Carente de todo fundamento, el gobierno ha lanzado la peregrina tesis de pagar a través de los años una suma arbitraria a repartirse entre los 270 beneficiarios de la sentencia. Esto significa una patente violación a lo dispuesto por la CIDH, que ordenó el pago individual del monto que corresponda a cada uno según la ley panameña. Pero el gobierno no se ha tomado siquiera la molestia de calcular esos montos individuales ni de determinar cuál es la legislación que en seguimiento de la sentencia deba ser aplicada para sustentar tales cálculos.

Por ello es que la CIDH reprochó de inmediato la conducta de los representantes de Panamá y volvió a requerir al Estado la presentación "a la mayor brevedad" de un auténtico informe sobre el cumplimiento de todos los puntos dictados en la sentencia.

Para nadie es un secreto que el gobierno sigue tomando este importante asunto de relajo. Un caso de derechos humanos está muy lejos de serlo. Lástima que ningún funcionario involucrado se haya percatado de esa realidad, porque los perjuicios de la actuación irresponsable de un gobierno frente a cualquier sentencia internacional siempre los acaban pagando sus propios gobernados.