Educación que libera o ciudadanos programados: Un llamado profesional por Panamá

Como Doctor en Ciencias de la Educación, dirijo esta reflexión a la comunidad educativa panameña para visibilizar errores que trascienden los gobiernos y proponer transformaciones desde la solidez normativa y la evidencia reciente.

La Ley 34 de 1995 y la Constitución establecen una formación orientada a crear ciudadanos críticos, reflexivos y socialmente activos. Sin embargo, en la práctica se instala el modelo de educación bancaria que Paulo Freire criticó desde décadas atrás. Aunque él no publicó después del 2020, un análisis reciente confirma que "el docente emite comunicados y realiza depósitos que los alumnos reciben, memorizan y repiten con paciencia" (Freire, citado 2024). Esto reduce a los estudiantes a recipientes inertes, incapaces de cuestionar o transformar su entorno.

En Panamá, investigaciones recientes muestran falencias similares. El estudio Factores que inciden en el desarrollo del pensamiento crítico en el contexto educativo rural (Madrid Hincapié, 2025) examina una escuela rural y concluye que hay notables vacíos en comprensión lectora y razonamiento crítico, y que muchos estudiantes "no se adscribe suficientemente a las características de un pensador crítico". Este hallazgo revela cómo la desconexión entre normativa y práctica erosiona la formación integral.

También en 2023, Máximo Díaz Quiroz demostró que en colegios públicos panameños el pensamiento crítico y lógico-matemático está poco desarrollado, dificultando que los alumnos tomen decisiones informadas. El estudio revela que las TIC pueden apoyar este desarrollo, pero hoy no son aprovechadas adecuadamente.

Por su parte, en abril de 2025 Luz Cáceres publicó en Relatic Panamá el artículo Tejiendo historias regionales en el que concluye que la lectura crítica fortalecida con narrativa regional promueve análisis profundo, arraigo cultural y sentido de pertenencia. Este enfoque conecta lo cognitivo con lo cultural-social, clave para una educación personal-social auténtica.

Desde mi postura profesional, propongo reconectar lo normativo con la realidad escolar mediante propuestas transformadoras. El plan de estudios debe centrarse en proyectos en los que el estudiante construya conocimiento junto a su comunidad, fortaleciendo su identidad y sentido de servicio. La evaluación docente debe ir más allá de resultados cuantitativos y valorar la capacidad de promover pensamiento crítico, argumentación y participación ciudadana.

La orientación vocacional debe ser permanente y articulada con la familia, universidades, sociedad civil y el entorno sociocultural del estudiantado. Es fundamental institucionalizar la educación como política de Estado, libre de rupturas administrativas cada cinco años, robusteciendo la sostenibilidad de iniciativas como la Estrategia Decenal.

Las metodologías deben ser participativas, abiertas al diálogo y a la resolución de problemas reales. Debemos desalojar el modelo bancario y adoptar un enfoque problematizador y centrado en el estudiante como agente activo de su aprendizaje. La evidencia nacional como la de Madrid Hincapié (2025) y Díaz Quiroz (2023) exige que no permanezcamos en la inercia educativa.

Este llamado profesional no es pesimismo, es urgencia. No podemos aceptar un sistema que reproduce ciudadanos mecánicos y pasivos. El desafío es construir una educación regeneradora que promueva la autonomía intelectual, la conciencia crítica y el compromiso social. Solo así Panamá podrá formar individuos capaces de pensar, cuestionar y actuar en beneficio colectivo.