El Canal de Panamá: distorsión cultural

Cada día se manifiestan, en forma de declaraciones o de comentarios, señales que la discrecionalidad que se imprime al ejercicio de las funciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), es objeto de creciente preocupación y también de crítica para un número plural de panameños y panameñas. Cada día es mayor el número de quienes resienten que la Administración del Canal actúe como si el Título XIV de la Constitución hubiese segregado un área territorial de la jurisdicción panameña y que esa potestad se le hubiese conferido de modo absoluto al Administrador de la ACP. Es sintomático que voces autorizadas de acreditados medios de información comentaran el jueves pasado, 15 de agosto, aniversario del Canal, que en diversos sectores hay un sentimiento de que la Autoridad del Canal de Panamá "es una República aparte, que es un enclave aparte, que no se ha integrado necesariamente al resto del país y que tener acceso a información de la ACP es una de las cosas más difíciles que hay".
Me cuento entre los ciudadanos que desde hace casi dos años hemos expresado públicamente nuestro pensamiento al respecto. En mi crónica "Panamá 2001" señalé que es fácil observar que la Administración del Canal pone un mayor empeño en cultivar la productividad comercial del Canal y en cortejar a sus usuarios foráneos con planes apresurados de expansión del Canal y de su cuenca hidrográfica, sin el adecuado estudio de impacto ambiental, dejando de otorgar la prioridad que le corresponde a la función que tiene el Canal de contribuir al desarrollo socioeconómico del país y de los tres millones de panameños que mantienen vivas las esperanzas, las ilusiones y las convicciones que alimentaron tras largos años de luchas generacionales. (El Panamá América, 1° de enero de 2001).
En otros círculos se aducen las tendencias de la ACP a desechar el talento de los profesionales panameños para preferir a los extranjeros en el desarrollo de proyectos en el Canal. Se arguye que los extranjeros a quienes recurre la ACP hacen sus recomendaciones sobre estrictas consideraciones acerca de lo que más le conviene a la Administración del Canal y a sus usuarios foráneos, sin preguntarse qué es lo que más le conviene a la nación panameña.
En ningún momento he tenido la intención de irritar o adversar a los responsables del Canal, pero debo agregar que muchas veces he tenido la impresión de que los personeros de la Autoridad del Canal creen que son los responsables de una empresa pública que puede funcionar bien, sin el apoyo, sin la comprensión, sin la solidaridad de la ciudadanía panameña.
La ACP ha considerado pertinente en algunas ocasiones defenderse de algunas críticas. En los últimos meses lo ha tenido que hacer con cierta frecuencia. Cada vez que han juzgado conveniente o necesario defenderse, han recurrido a argumentos que son como una metáfora derivada del gesto de quien se defiende de los mosquitos poniéndose repelentes.
Los personeros de la Autoridad del Canal han tratado de explicar que el cortocircuito existente entre ellos y el resto del país tiene su causa, según ellos inevitable, en los cambios que han ocurrido después del 31 de diciembre de 1999. Según ellos, antes de la fecha mencionada, el funcionamiento y la administración del Canal respondían o dependían de una "cultura americana". Ellos aseguran estar trabajando para que el funcionamiento y la administración del Canal respondan o dependan de una "cultura panameña". Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario.
La Autoridad del Canal ubica sus prioridades en el área del comercio marítimo internacional. Hace énfasis en que la clientela del Canal es internacional y por tanto, pretende subordinar los intereses de Panamá a los intereses de los usuarios de la vía interoceánica, a los cuales les reconoce una preeminencia que lleva a extremos irrazonables, que distorsionan nuestra cultura que le da a la cultura panameña el carácter de cultura subordinada al funcionamiento del Canal de Panamá. Uno crudo ejemplo de esta actitud mental fue la firma del llamado Convenio Alemán Zubieta-Becker, redactado únicamente en inglés, con exclusión del español, nuestro idioma oficial.
Pierde de vista la Autoridad del Canal de Panamá que a partir del 31 de diciembre de 1999, todos los panameños y panameñas coincidimos en el sueño de un mañana que sería mejor. Las razones para soñar no eran infundadas. Esperábamos un dinamismo de la economía que derivara en un aumento en las áreas urbanas y rurales de las oportunidades de empleo, en la optimización de la productividad, en el mejoramiento de la calidad de vida tanto en el trabajo como en la educación, la salud, la vivienda y la alimentación. Esperábamos también que una vez que Panamá le mostraba al mundo que había recuperado su plena soberanía y su integridad territorial, se produciría una serie de metabolismos internos que harían más lozana, más fuerte y más orgullosa la imagen de la nación panameña ante nosotros mismos y ante el exterior. Es innegable que las reivindicaciones logradas en los Tratados Torrijos-Carter jerarquizaron inmensamente al proceso de definición de nuestra conciencia nacional.
En mi crónica titulada "La Despanameñización del Canal" (El Panamá América, 25 de marzo de 2002) señalé que está en marcha un proceso de despanameñización del Canal de Panamá como se desprendía de las declaraciones hechas por el Ing. Alberto Alemán Zubieta al diario londinense "Financial Times" que fueron publicadas en su edición del viernes 22 de marzo de 2002. El periodista Andrew Bounds, quien entrevistó al administrador Alemán Zubieta, evidentemente como resultado de la entrevista, presentó el Canal como una entidad independiente y separada de la República de Panamá. "Al igual que China y Hong Kong -escribió Bounds- Panamá y el Canal ha optado por el concepto de un país y dos sistemas". Bounds agregó por virtud de su entrevista que "Panamá es un país del Tercer Mundo en tanto que el Canal permanece como una operación del Primer Mundo".
En la misma línea de la publicación del "Financial Times" el general Gary Speer, entonces Jefe Interino del Comando Sur, declaró en los primeros días del mes de marzo de 2002 ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos, refiriéndose al funcionamiento del Canal, que a su juicio "va muy bien" y que "mientras la Administración del Canal se mantenga separada del gobierno panameño, creo que existen todas las probabilidades de que seguirán operándolo de una manera adecuada para nuestros requisitos."
Somos sensibles a todo razonamiento que toma en cuenta los factores culturales en toda realidad manejada por seres humanos. Pero el argumento "cultural" de los responsables de la Autoridad del Canal me parece inconsistente. De ser cierto que se está formando una "cultura" diferente a la que existía antes de la transferencia del Canal a manos panameñas, esa cultura se estaría dando en un ámbito cerrado, sería una cultura hermética, es decir, una cultura de puertas cerradas. Y entonces no se estaría conformando una cultura, sino que se estaría realizando un experimento. Ese experimento supone que la Autoridad del Canal de Panamá trate de erigirse en una especie de entidad única y excepcional que no rinde cuentas sino que recauda y sufraga cifras millonarias como quien cuenta millones delante de los pobres.
La ACP ha pasado el examen con los usuarios del Canal, con las empresas que transportan materiales radiactivos, con las agencias federales norteamericanas, con el Comando Sur y con otros entes foráneos, pero es evidente que no ha pasado el examen con amplios sectores de la opinión pública panameña. Mucho bien le haría a la imagen del país y de la ACP que ésta favorezca y no se oponga a que se realicen los foros sobre la viabilidad del tercer juego de esclusas y la cuenca occidental que pensaron llevar a cabo el PNUD, El Panamá América, La Prensa y la Fundación Omar Torrijos.
Creo sinceramente que la Administración del Canal debe percatarse de que nuestra gente observa, discute, critica, produce la opinión pública. Esa opinión pública tiene un poder que tiende, no sólo en Panamá sino en el mundo entero, a identificarse con la esencia misma de una cultura democrática que no es la que visualiza la Administración del Canal.
Félix Luciani aceptó que el laboratorio de ADN no tenía como objeto central la ejecución de pruebas de ADN mitocondriales para la identificación de osamentas, debido a que básicamente lo requerido era la ejecución de pruebas de paternidad y ubicación de homicidas en las escenas del crimen.
Luciani dijo que Fair Fax aceptó colaborar con los miembros de la Comisión de la Verdad para dar una solución a la identificación de los restos encontrados en diversos puntos del territorio nacional y que en ese momento no había medios para identificar.
Sin embargo, indicó que este ofrecimiento fue mal entendido por parte de los miembros del Comité de Familiares de Desaparecidos (COFADEPA-HG), que criticaron esta actuación, sin conocer que esa no es la especialidad de Fair Fax.
Explicó que esta situación puede ser subsanada en el futuro con entrenamiento de personal en esta técnica de análisis que requiere de un sistema de aislamiento especializado para evitar la contaminación de las pruebas.
También tiene proyectado el entrenamiento de funcionarios de la PTJ en la recolección de muestras biológicas y que los propios miembros del laboratorio puedan acudir a la escena del crimen para realizar análisis forenses en casos de crímenes violentos.
Por su parte, el secretario general del Ministerio Público, José María Castillo, sostuvo que el laboratorio tiene un carácter de urgencia, debido al incremento de los delitos violentos y a la sofisticación de los criminales.
A juicio de Castillo, mantener este proyecto paralizado le resta velocidad a la justicia, ya que la prueba de ADN tiene un 99.9% de efectividad. Esto da un alto grado de confiabilidad a la justicia y a quienes se encuentran encargados de realizar las investigaciones en estos casos.