El caso de Chiquita Banana

Llewellyn H. Rockwell Jr., Presidente del Instituto von Mises, editor del LewRockwell.com y autor del libro “The Left, the Right, and the State –La Izquierda, la Derecha y el Estado– nos trae un relato que debería llegarle a lo espeso del chicheme a las “repúblicas bananeras;” no sólo por el interés de conocer el origen de dicho apodo despectivo sino porque detrás de todo ello hay gran mar de fondo.

Se ha protestado por tanto tiempo en contra de la Chiquita Banana que a sus detractores ya ni se acuerdan el porqué de las mismas. Indudablemente que la empresa tiene una historia borrascosa; más que nada cuando era la United Fruit, debido, entre otras razones, al intervencionismo estadounidense con miras a proteger sus intereses en la región de Cuba, Panamá, Nicaragua, la República Dominicana, Haiti, y México. A raíz de todas estas intervenciones militares es que se habla de “Las Guerras del Banano,” que da el origen a que estos países llevasen el apodo de “Repúblicas Bananeras.”

Lo que parece haberse perdido en el embrollo fueron cosas como la erradicación de la malaria; aumento del nivel de vida; y la protección de los derechos de propiedad y las relaciones del comercio exterior que sirvió para frenar tendencias socialistas que tradicionalmente ha intentado desvalijar las inversiones en la región.

Recién Chiquita ha vuelto a la palestra al ser señalada por el Departamento de Justicia de los EE.UU., por vínculos con ciertos organismos terroristas del área; entre ellos las FARC y las AUC de Colombia. Pero lo que pocos atienden es la realidad de una empresa que ha debido enfrentar toda clase de agresiones, secuestros y asesinatos; tanto por parte de grupos de derecha como de izquierda, que se han peleado, como perros rabiosos por intereses económicos y de poder.

En medio de las guerras a diestra y siniestra, la Chiquita se vio acorralada al pago de dineros protección en contra de la violencia de las partes en pugna; y no han sido pocas las empresas que igualmente han vivido estas experiencias. Si los gobiernos lo hacen, ¿por qué no los organismos terroristas? El Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el 2007 multó a la Chiquita con $25 millones, lo que llevó a la empresa a cerrar sus operaciones en Colombia. ¿Quién se beneficia con esto?

Ahora una oscura y antigua ley estadounidense de 1789 -la Alien Tort Statute- o “estatuto alienígena de agravios,” que faculta ciudadanos no estadounidenses a presentar demandas en las cortes federales de ese país, en contra de todo acto de agravio en suelos extranjeros, está siendo utilizada por abogados de las víctimas de las FARC y la AUC. Las cifras de las demandas bien pueden llegar a los miles de millones. ¿Cómo afectará todo esto a muchas inversiones del área?

¿En el futuro será más probable que nuestras empresas locales o con fondos del exterior, pueden evitar los destinos de Chiquita? ¿No serán los humildes trabajadores del agro de áreas como las del Barú que se vean marginados del desarrollo?