El Estado panameño vs Inteligencia Artificial. Parte I
Durante décadas, la burocracia tuvo un aliado silencioso: el cansancio del ciudadano. Reclamar exigía tiempo, conocimientos y, muchas veces, dinero. Había que entender reglamentos, redactar recursos, encontrar jurisprudencia y soportar meses de trámites. Muchos desistían antes de comenzar.
La inteligencia artificial (IA) está destruyendo esa barrera.
En Gran Bretaña comienza a hablarse de 《 agentic flooding》, una inundación de reclamaciones generadas o asistidas por inteligencia artificial. Lo que antes requería horas de un abogado puede convertirse en minutos frente a una computadora. Una IA puede leer un reglamento, detectar contradicciones, comparar una resolución con la ley y redactar una apelación con apariencia profesional.
El fenómeno plantea una paradoja fascinante. La tecnología puede democratizar el acceso a la justicia y, al mismo tiempo, poner en jaque al Estado encargado de administrarla.
Las burocracias modernas fueron construidas sobre una premisa que pocas veces se reconoce: no todos los ciudadanos ejercerían todos sus derechos todo el tiempo. Los sistemas de apelación, transparencia y reclamación funcionan porque existe cierta resistencia. Hace falta paciencia para insistir y dinero para contratar asesoría especializada.
La IA reduce ese roce casi a cero.
El problema aparece cuando millones de decisiones administrativas potencialmente impugnables encuentran millones de ciudadanos capaces de cuestionarlas. El costo de producir una reclamación cae drásticamente, pero el costo para el Estado de leerla, analizarla y responderla continúa siendo alto.
Panamá debería observar esta transformación con especial atención.
Imagine una multa municipal. El ciudadano fotografía la resolución y la entrega a una inteligencia artificial junto con los reglamentos aplicables. En segundos recibe un recurso de reconsideración jurídicamente estructurado. Imagine ahora ese proceso multiplicado por miles.
Lo mismo podría ocurrir con permisos, impuestos de la DGI, pensiones, licitaciones públicas, sanciones administrativas, reclamos contra municipios y decisiones de instituciones autónomas.
Incluso las solicitudes de acceso a información pública podrían multiplicarse exponencialmente. Un ciudadano ya no necesitaría conocer exactamente qué documentos pedir. La inteligencia artificial podría identificar qué información solicitar, formular las preguntas y analizar posteriormente las respuestas.
Panamá tiene procedimientos administrativos diseñados para una época en la cual redactar una reclamación tenía un costo humano considerable.
Ese mundo está desapareciendo.
El ciudadano del futuro no necesariamente llegará acompañado de un abogado. Llegará acompañado de un algoritmo capaz de leer miles de páginas antes de que el funcionario haya terminado su café.
Y esa diferencia de velocidad puede cambiar para siempre la relación entre el ciudadano y el Estado.