Condena de 104 años por abuso sexual contra tres menores: Fiscalía destaca la importancia de denunciar

La condena de 104 años de prisión impuesta a un hombre por delitos sexuales cometidos contra sus dos hijas y su hijastra durante un período de aproximadamente seis años es considerada por el Ministerio Público como un resultado relevante dentro de la lucha contra este tipo de delitos en Panamá.

La fiscal superior Janeth Rovetto explicó en el noticiero matutino de Telemetro Reporta que, aunque la legislación establece un límite de hasta 50 años de cumplimiento efectivo de prisión, la acumulación de las penas correspondientes a los distintos delitos permitió que el tribunal fijara una sanción total de 104 años.

Rovetto destacó la decisión del tribunal de juicio, integrado por tres jueces, y señaló que, a criterio de la Fiscalía, el fallo tomó en consideración una perspectiva de género y la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas por tratarse de niñas y adolescentes. Los hechos comenzaron cuando las víctimas tenían edades tempranas y se prolongaron durante varios años.

La fiscal manifestó que conseguir una condena de esta naturaleza requirió un trabajo que no se limitó al juicio oral. La investigación involucró a fiscales, unidades policiales y personal técnico, incluidos peritos que aportaron elementos científicos para respaldar las pruebas presentadas ante el tribunal.

Según Rovetto, los delitos sexuales contra menores suelen ocurrir en espacios de confianza y dentro del círculo cercano de las víctimas. En muchos casos, el agresor utiliza su posición de autoridad, cercanía o confianza para aproximarse al menor y posteriormente generar mecanismos de silencio mediante amenazas, manipulación o haciéndole creer que revelar lo ocurrido afectará a su familia.

La fiscal hizo énfasis en la importancia de creer y escuchar a los niños, niñas y adolescentes que denuncian situaciones de abuso. Recalcó que, aunque una madre o familiar no crea inicialmente el relato, existen otras personas de confianza a las que el menor puede acudir, como maestros, líderes religiosos, familiares, policías u otros adultos responsables.

Rovetto también advirtió sobre la tendencia de algunas personas a cuestionar a las víctimas por no haber gritado, escapado o denunciado inmediatamente. Explicó que esas expectativas parten de la perspectiva de un adulto y no necesariamente corresponden a la realidad psicológica de un menor que se encuentra sometido a una situación de abuso y manipulación.

En estos casos, agregó, intervienen equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, trabajadores sociales y especialistas de protección a víctimas y testigos, quienes contribuyen a evaluar las circunstancias y aportar elementos que permitan establecer lo ocurrido. La Fiscalía también toma en cuenta el testimonio de los menores junto con otras pruebas y corroboraciones obtenidas durante la investigación.

Sobre la madre de las víctimas, Rovetto aclaró que está siendo investigada, pero no por los delitos sexuales. Explicó que la investigación del Ministerio Público apunta a un posible delito de maltrato al menor por una conducta omisiva, relacionado con el presunto incumplimiento del deber de cuidado y protección. Añadió que no se estableció que la mujer hubiera participado activamente en los delitos sexuales.

Finalmente, la fiscal consideró que la sentencia demuestra la importancia de realizar investigaciones integrales y de que los tribunales analicen los casos de violencia sexual contra menores tomando en cuenta su condición de vulnerabilidad.

El Ministerio Público reiteró que la denuncia y la escucha activa de los menores son elementos fundamentales para detectar estos delitos y evitar que permanezcan ocultos durante años.