El Estado panameño vs Inteligencia Artificial. Parte II

Sería un error interpretar este fenómeno de redactar recursos legales con inteligencia artificial simplemente como una amenaza.

Durante generaciones, la complejidad administrativa ha funcionado como una barrera invisible entre los derechos escritos y los derechos realmente ejercidos. La inteligencia artificial puede reducir esa desigualdad. Una persona sin recursos para contratar abogados podría comprender una resolución administrativa, conocer sus opciones y formular una defensa razonable.

Eso es una extraordinaria democratización del conocimiento.

Pero existe una segunda cara.

Cuando cada ciudadano puede producir documentos jurídicos prácticamente sin costo, aparece una tragedia de los comunes. Individualmente, cada reclamación puede ser legítima. Colectivamente, miles de reclamaciones simultáneas pueden paralizar instituciones que todavía procesan expedientes con procedimientos del siglo pasado.

La respuesta equivocada sería dificultar artificialmente el acceso ciudadano para proteger a la burocracia. Cobrar por reclamar o establecer obstáculos excesivos podría terminar castigando precisamente a quienes la tecnología acaba de empoderar.

La respuesta inteligente es otra: si los ciudadanos van a utilizar inteligencia artificial, el Estado también tendrá que hacerlo.

Una administración moderna debería poder analizar automáticamente solicitudes, identificar precedentes, detectar documentos repetitivos y resolver asuntos sencillos en horas. La IA incluso podría anticipar conflictos administrativos antes de que terminen ante un tribunal.

El verdadero peligro no es que los ciudadanos tengan demasiada tecnología. Es que el ciudadano del siglo XXI termine enfrentándose al Estado del siglo XX.

En Panamá ese choque podría ser particularmente explosivo.

Pensemos en jubilados reclamando cálculos incorrectos de prestaciones. Miles podrían utilizar IA para revisar resoluciones y generar recursos administrativos personalizados. Pensemos en contribuyentes cuestionando actuaciones fiscales de la DGI, proveedores reclamando pagos atrasados.

La transformación podría llegar incluso a la Corte Suprema. Herramientas capaces de analizar legislación y jurisprudencia permitirán detectar potenciales argumentos constitucionales que antes solamente encontraban abogados especializados.

No harían falta organizaciones coordinando estas acciones. Bastaría con que apareciera una herramienta sencilla capaz de convertir un documento fotografiado con un teléfono en una reclamación jurídicamente estructurada.

Entonces comprenderíamos la verdadera dimensión del cambio.

Durante décadas el Estado tuvo una ventaja decisiva frente al ciudadano: conocía mejor sus propias reglas.

La inteligencia artificial está eliminando esa ventaja.

Panamá todavía está a tiempo de prepararse. Digitalizar expedientes ya no será suficiente. Habrá que simplificar procedimientos, eliminar contradicciones normativas y construir instituciones capaces de responder a ciudadanos tecnológicamente empoderados.

Porque la próxima gran congestión administrativa quizá no llegue con manifestantes cerrando una avenida.

Podría llegar silenciosamente.

Miles de ciudadanos sentados frente a sus teléfonos, presionando al mismo tiempo la tecla Enviar.