El IDAAN: ¿Política, Negligencia o Incapacidad?
Distintos sectores del pueblo, creyentes en la democracia, han venido ofreciendo opiniones y sugerencias sobre propuestas y acciones oficiales que afectan en variadas formas el desarrollo de la vida nacional, con muy sanas intensiones. Muchas de éstas, genuinamente preocupantes, quedan sin respuesta por la conducta de oídos sordos y una indiferencia que pugna con la ética que debe condicionar la conducta de todo funcionario público. Las respuestas, cuando se dan, se hacen con una prepotencia que es característico de autoridades totalitarias. Lamentablemente, se demuestra escaso interés en los aportes técnicos-intelectuales, que difieren de las líneas oficiales, para canalizarlos a través de un proceso dirigido a encontrar las mejores soluciones a los problemas nacionales.
Como consecuencia de aquella conducta, el cuerpo Legislativo legisla con interés partidista, sin recurrir a la consulta amplia para recabar información útil a la formación de criterios sólidos antes de tomar decisiones que afectan de manera sensible a importantes sectores de la comunidad. Con frecuencia, ese cuerpo delega su responsabilidad constitucional al Ejecutivo, para que legisle sobre tópicos relevantes, sin revisar exhaustivamente el contenido de lo actuado por éste. Ambos procedimientos revelan la ausencia de una genuina representación de los legítimos intereses populares, son resultados de los frecuentes choques frontales entre distintos gremios y el Gobierno y a veces del repudio de la comunidad. Paralelo a ello son los acuerdos de consenso, incumplidos, y el hermetismo oficial sobre negociaciones trascendentes y otras actividades de interés nacional.
Aquellas prácticas, ejercidas a lo largo del período recorrido por el Gobierno, han creado problemas de gobernabilidad y credibilidad en momentos en que deben prevalecer estas condiciones fortalecidas para recibir el Canal y entrar al nuevo siglo unidos de manera solidaria para encauzar al país por los senderos del progreso.
En otros países de la América Latina las decisiones inconsultas y las políticas económicas impopulares vienen generando desórdenes y desobediencia civil. En Panamá era cuestión de tiempo que reaccionaran las masas por la aplicación de políticas semejantes, cuyos resultados perjudiciales son ya difíciles de justificar. Hasta los más altos representantes de organismos internacionales, incluidos los financieros, así lo reconocen. En nuestro país esas políticas son inconstitucionales porque se contraponen al bienestar de las mayorías y favorecen a una ínfima minoría. Pero la prepotencia tiende a interferir con el análisis razonado y con seguridad indujo a cometer un nuevo error de cálculo al desestimar la valentía de una población, en exceso tolerante, que rechaza y rechazará la decisión de privatizar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) o dar por concesión su administración.
Uno de los serios problemas del IDAAN, al igual que de otras instituciones oficiales y del sector privado, es que por la ausencia de un plan director, la ciudad de Panamá con alta proporción de una población creciente, se ha convertido en un hábitat desordenado. Este se va tornando cada vez más insalubre por las improvisaciones de años en la toma de decisiones sobre los usos del suelo. Muchos desarrollos se ejecutan en los lugares donde afloran los problemas o por el afán de lucro, sin una orientación general, lo que trae por consiguiente serios problemas de circulación vial con todas sus consecuencias; por decisiones de la institución oficial que tiene la responsabilidad de autorizar cambios en la densidad de población, sectores de muy baja densidad se convierten en áreas de muy alta densidad incrementando la demanda por los servicios de acueducto y alcantarillado e intensificando el uso de esos sistemas, mal mantenidos, sin relación a sus capacidades y al tratamiento de las aguas residuales. Por otra, la exagerada extensión longitudinal de la ciudad hace onerosa la provisión de los servicios con normas urbanas. Mientras no se tomen decisiones sobre esos hechos, los costos serán exageradamente altos para garantizar la eficiencia futura de los mismos.
El desprestigio de la trayectoria administrativa del IDAAN por el partido político que ha ejercido las funciones de Gobierno durante un cuarto de siglo, entre 1968 al presente, parecería una táctica estratégica para justificar el objetivo de la privatización- concesión. Los problemas del IDAAN que hoy afloran, como sorpresa acusatoria, son demasiado importantes para que las máximas autoridades no se hubieran impuesto previamente de los mismos. Debemos creer que:
1. ¿ Hubo ignorancia de las repercusiones, sobre la contaminación ambiental y sobre la salud de una elevada proporción de la población, que serían generadas por los descuidos en la atención oportuna de los sistemas de acueducto y alcantarillado?
2. ¿ No había conciencia de que tales descuidos podrían tener efectos negativos sobre el turismo generador de riquezas y fuentes de empleos?
3. ¿No existen otras fuentes de recursos nacionales para financiar las mejoras necesarias a esos sistemas, ni capacidad para administrarlos?
¿ Si el área metropolitana de Panamá genera aproximadamente las tres cuartas partes de las riquezas nacionales, por qué el descuido en mantener la infraestructura básica para poner en peligro esa importante contribución a la economía? ¿Por qué las propuestas programáticas nacionales relegan a plan secundario esa prioridad?
Se informa que el panorama negativo anterior se desarrolló porque el IDAAN nunca contó con un presupuesto operativo ni con los ingresos suficientes para atender lo fundamental de su Ley Orgánica (Ley 98 de 29 de diciembre de 1961). Esto será un trago, en exceso amargo, que la población rechazará por la importancia intrínseca de una institución merecedora de atención presupuestaria prioritaria y por las recientes experiencias de las privatizaciones del IRHE y el INTEL.
¿Será que se está frente a una situación política, de negligencia o de incapacidad administrativa, no sólo del IDAAN sino del más alto nivel de Gobierno?
Por último, me embargó un profundo dolor observar cómo un Gobierno civil y democrático atropelló la autonomía universitaria, sin reparos; acción que protagonizó con aparente orgullo un profesor, acatada diligentemente por el cuerpo policial- entre los que figuraron alumnos- y justificada por ex alumnos y profesores de la institución. ¿Será que a la Casa de Octavio Méndez Pereira, mi Alma Mater, se le pretende apagar la luz y hacer deambular en tinieblas? ¿Y qué decir de acontecimiento semejante en el Glorioso Nido de Aguilas? ¡Lamentable, decepcionante...muy triste!
Como consecuencia de aquella conducta, el cuerpo Legislativo legisla con interés partidista, sin recurrir a la consulta amplia para recabar información útil a la formación de criterios sólidos antes de tomar decisiones que afectan de manera sensible a importantes sectores de la comunidad. Con frecuencia, ese cuerpo delega su responsabilidad constitucional al Ejecutivo, para que legisle sobre tópicos relevantes, sin revisar exhaustivamente el contenido de lo actuado por éste. Ambos procedimientos revelan la ausencia de una genuina representación de los legítimos intereses populares, son resultados de los frecuentes choques frontales entre distintos gremios y el Gobierno y a veces del repudio de la comunidad. Paralelo a ello son los acuerdos de consenso, incumplidos, y el hermetismo oficial sobre negociaciones trascendentes y otras actividades de interés nacional.
Aquellas prácticas, ejercidas a lo largo del período recorrido por el Gobierno, han creado problemas de gobernabilidad y credibilidad en momentos en que deben prevalecer estas condiciones fortalecidas para recibir el Canal y entrar al nuevo siglo unidos de manera solidaria para encauzar al país por los senderos del progreso.
En otros países de la América Latina las decisiones inconsultas y las políticas económicas impopulares vienen generando desórdenes y desobediencia civil. En Panamá era cuestión de tiempo que reaccionaran las masas por la aplicación de políticas semejantes, cuyos resultados perjudiciales son ya difíciles de justificar. Hasta los más altos representantes de organismos internacionales, incluidos los financieros, así lo reconocen. En nuestro país esas políticas son inconstitucionales porque se contraponen al bienestar de las mayorías y favorecen a una ínfima minoría. Pero la prepotencia tiende a interferir con el análisis razonado y con seguridad indujo a cometer un nuevo error de cálculo al desestimar la valentía de una población, en exceso tolerante, que rechaza y rechazará la decisión de privatizar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) o dar por concesión su administración.
Uno de los serios problemas del IDAAN, al igual que de otras instituciones oficiales y del sector privado, es que por la ausencia de un plan director, la ciudad de Panamá con alta proporción de una población creciente, se ha convertido en un hábitat desordenado. Este se va tornando cada vez más insalubre por las improvisaciones de años en la toma de decisiones sobre los usos del suelo. Muchos desarrollos se ejecutan en los lugares donde afloran los problemas o por el afán de lucro, sin una orientación general, lo que trae por consiguiente serios problemas de circulación vial con todas sus consecuencias; por decisiones de la institución oficial que tiene la responsabilidad de autorizar cambios en la densidad de población, sectores de muy baja densidad se convierten en áreas de muy alta densidad incrementando la demanda por los servicios de acueducto y alcantarillado e intensificando el uso de esos sistemas, mal mantenidos, sin relación a sus capacidades y al tratamiento de las aguas residuales. Por otra, la exagerada extensión longitudinal de la ciudad hace onerosa la provisión de los servicios con normas urbanas. Mientras no se tomen decisiones sobre esos hechos, los costos serán exageradamente altos para garantizar la eficiencia futura de los mismos.
El desprestigio de la trayectoria administrativa del IDAAN por el partido político que ha ejercido las funciones de Gobierno durante un cuarto de siglo, entre 1968 al presente, parecería una táctica estratégica para justificar el objetivo de la privatización- concesión. Los problemas del IDAAN que hoy afloran, como sorpresa acusatoria, son demasiado importantes para que las máximas autoridades no se hubieran impuesto previamente de los mismos. Debemos creer que:
1. ¿ Hubo ignorancia de las repercusiones, sobre la contaminación ambiental y sobre la salud de una elevada proporción de la población, que serían generadas por los descuidos en la atención oportuna de los sistemas de acueducto y alcantarillado?
2. ¿ No había conciencia de que tales descuidos podrían tener efectos negativos sobre el turismo generador de riquezas y fuentes de empleos?
3. ¿No existen otras fuentes de recursos nacionales para financiar las mejoras necesarias a esos sistemas, ni capacidad para administrarlos?
¿ Si el área metropolitana de Panamá genera aproximadamente las tres cuartas partes de las riquezas nacionales, por qué el descuido en mantener la infraestructura básica para poner en peligro esa importante contribución a la economía? ¿Por qué las propuestas programáticas nacionales relegan a plan secundario esa prioridad?
Se informa que el panorama negativo anterior se desarrolló porque el IDAAN nunca contó con un presupuesto operativo ni con los ingresos suficientes para atender lo fundamental de su Ley Orgánica (Ley 98 de 29 de diciembre de 1961). Esto será un trago, en exceso amargo, que la población rechazará por la importancia intrínseca de una institución merecedora de atención presupuestaria prioritaria y por las recientes experiencias de las privatizaciones del IRHE y el INTEL.
¿Será que se está frente a una situación política, de negligencia o de incapacidad administrativa, no sólo del IDAAN sino del más alto nivel de Gobierno?
Por último, me embargó un profundo dolor observar cómo un Gobierno civil y democrático atropelló la autonomía universitaria, sin reparos; acción que protagonizó con aparente orgullo un profesor, acatada diligentemente por el cuerpo policial- entre los que figuraron alumnos- y justificada por ex alumnos y profesores de la institución. ¿Será que a la Casa de Octavio Méndez Pereira, mi Alma Mater, se le pretende apagar la luz y hacer deambular en tinieblas? ¿Y qué decir de acontecimiento semejante en el Glorioso Nido de Aguilas? ¡Lamentable, decepcionante...muy triste!
