¡El que venga después, que arree!

Cuando el actual gobierno asumió, el 1 de julio de 2009, sus más calificados voceros denunciaron a los cuatro vientos, que sus predecesores del PRD se habían gastado, en los primeros seis meses, del 1 de enero al 30 de junio, la mayor parte de los ingresos estimados en el Presupuesto para el año 2009.

Tomando por buena esa aseveración, hubiera sido sensato de su parte, como medida inmediata y consecuente, haber hecho un “corte presupuestario al 30 de junio” y presentarle al país un informe pormenorizado que reflejara la situación real de las finanzas públicas.

Así lo recomendamos en un artículo publicado por esas fechas en el Panamá América.

La segunda medida debió ser la contención del gasto público para ajustarlo a la realidad de los recursos de que dispondría para el segundo semestre del 2009.

Pero el nuevo gobierno no hizo ninguna de las cosas sino que optó por la medida, absolutamente inconstitucional, de aumentar el techo del déficit fiscal, por la vía de eliminar el tope que establecía la denominada “Ley de Responsabilidad Fiscal”, con el deliberado propósito de no reducir el gasto público.

La consecuencia era obvia: el ejercicio fiscal 2009 terminó con un déficit, “según el gobierno”, del 1.

5% del PIB; pero, en realidad, mucho mayor.

Como la intención del actual gobierno nunca ha sido la de “ajustarse el cinturón”, a pesar del déficit acumulado en el 2009, en el año 2010 se aumentó el Presupuesto de Gastos en más de 1,000 millones de balboas.

Y para el 2011, en más de 3,000 millones.

No es un pecado financiero aumentar la estimación de los gastos; pero ella tiene que estar apoyada por expectativas razonables de que existirán los recursos para cubrirlos, mediante los ingresos corrientes, o sea las recaudaciones regulares producto de los impuestos y tasas, complementada con un límite, igualmente razonable, de endeudamiento.

El gobierno de turno, como le consta a todo el país, se ha convertido en una catarata imparable de promesas que no se han limitado a sus propias estimaciones de los ingresos, de por si ya sobredimensionados, sino que, además, ha seguido aumentando, peligrosamente, el nivel de la deuda pública.

El resultado lo estamos viendo y viviendo.

Varias de las promesas hechas por el presidente Martinelli, de manera imprudente y con patente extralimitación de sus funciones, pues violan, entre otras, la autonomía de la Caja del Seguro Social, carecen de sustento económico.

La Constitución es clara: en el Presupuesto General del Estado, los egresos y los ingresos deben estar balanceados (Artículo 270).

Con base en esa norma y en el siguiente Artículo 275, toda proyección presupuestaria del gasto público, que genere un déficit fiscal, es inconstitucional.

En consecuencia, cualquier ley que, como la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, lo autorice, es también inconstitucional.

Que el nuevo gobierno, en su afán por zafarse de “la camisa de fuerza” que le impuso el PRD, iniciara su gestión aumentando, provisionalmente se dijo, el déficit fiscal, tenía una relativa justificación política; pero continuar por ese camino y, lo que es aún peor, que vuelva a modificar la “Ley de Responsabilidad Fiscal”, para elevar el déficit, por ahora, a 600 o 700 millones, es absolutamente irresponsable; una copia aumentada de la conducta de sus predecesores, que retrata muy bien el conocido refrán: “El que venga después, que arree!