El referéndum: una fractura nacional

A CASI tres décadas transcurridas desde la restauración de la total independencia de la República y de la reivindicación del Canal interoceánico que se consagraron en los Tratados Torrijos-Carter firmados en Washington el 7 de septiembre de 1977, cabe preguntarse ¿cuáles son las causas que vienen dando lugar a una creciente exacerbación de ánimos que distancia de armónicos entendimientos a calificados grupos humanos, que se alejan de las vías del consenso y de la concertación, para encerrarse en estadios de antagonismos y confrontaciones?
Acaso la respuesta a tan desconsoladora situación se encuentra en los cuestionamientos emanados del hermetismo, del secretismo, de la discriminación y de la parcialidad que se han enseñoreado en diversos aspectos del manejo funcionarial de entidades públicas que están obligadas a desempeñar sus funciones con la más acrisolada transparencia.
El ambiente de irritación colectiva en que vivimos está plagado de hechos sin precedentes en nuestra historia republicana.
¿Puede la opinión pública mirar con indiferencia y sin indignación que los docentes, profesores y maestros, en actitud cívica de reclamo, sean reprimidos por contingentes de soldados antimotines y que esos educadores sean golpeados, arrestados y reprimidos como vulgares delincuentes?
¿Cómo se explica que Ministros y personeros del Ejecutivo Nacional dejen de lado las vías del diálogo y del entendimiento para utilizar la imposición de la fuerza en ejercicio de un mal entendido principio de autoridad, y como para demostrar que los procedimientos democráticos se desconocen y carecen de validez ante las decisiones autoritarias del actual gobierno?
En síntesis, pareciera que se actúa en un plan de imposición con un equivocado concepto de la gobernabilidad, atribuyendo propósitos ilícitos y de subversión y agendas ocultas a aquellos, que en ejercicio de su derecho democrático, no están de acuerdo con la actitud política unilateral del gobierno en su equivocada función de promotores del voto afirmativo para la propuesta carente de sustentación técnica y de bases reales de la ACP y del Ejecutivo.
Además, en aras de la transparencia a la cual está ética y jurídicamente comprometido, debe el Gobierno central informar al país que en lo que va corrido del año 2006 hasta el viernes de la semana pasada, de las 110 Resoluciones del Consejo de Gabinete, 37 no se han publicado en la Gaceta Oficial (Art. 46 Ley 38 del 2000) ni se conoce su contenido, siendo éstas identificadas con los números 14, 19, 20, 24, 33, 34, 36, 37, 38, 43, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 71, 75, 76, 78, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 101, 105, 106 y 107.
Tiene también singular incidencia en el cuadro nada alentador a que nos referimos, la renuncia de la Presidenta de Transparencia Internacional (TI) Capítulo de Panamá, Angélica Maytín, como miembro del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción. Es lamentable que la Lic. Maytín haya fundamentado su dimisión en el hecho de que este organismo y su Secretaria Ejecutiva, la Lic. Alma Montenegro de Fletcher, ha probado ser insuficientes para apoyar las acciones que permitan alcanzar la promesa de "cero corrupción". Es también lamentable que núcleos de trabajadores se enfrenten de modo violento en sus posiciones de favorecedores del "Sí" o del "No" a la propuesta de ampliación por presiones o manipulaciones de terceros movidos por sus intereses que se dicen aupados por los promotores de la propuesta de ampliación.
Con sincera preocupación y sin ánimo agorero, anticipé hace varios meses que la ampliación del Canal generaría en el país una inquietud adicional a las que enfrenta el país. Ya estamos en ese punto. El país está dividido y esa división no es pasiva, pues conlleva enfrentamientos que hasta hace poco eran de palabras y que la semana pasada alcanzaron la vía de los hechos entre miembros de una importante organización laboral.
Cómo puede concebirse, por ejemplo, que se pretenda que nuestro pueblo tome una decisión sobre el presente y el futuro del Canal y que al efecto le dé su aprobación en referéndum a una propuesta de construcción de un tercer juego de esclusas de un carril, con una inversión no menor de US$ 5,250 millones, sin que para tomar tal decisión se le presenten a los electores los diseños y los planos finales de la obra canalera, advirtiéndose que tales diseños y planos se presentarán dentro de dos o tres años, después de verificado el referéndum.
Desde que la ACP anunció su propuesta de ampliación del Canal se creyó que el país se polarizaría, temporal y normalmente, entre los que esperan el referéndum para decir Sí y los que dirán No. Por eso, muchos se han sorprendido ante los resultados de las últimas encuestas que indican que hay un creciente número de indecisos que no pueden ser contados, por el momento, a favor de ninguna de las dos opciones consideradas las únicas posibles.
Por su parte, los indecisos no están dando señales de que la noción estructural que muchos panameños puedan tener acerca de los problemas que plantea la propuesta de la ACP para la ampliación del Canal no puede ser reemplazada por rituales publicitarios en los que se adivina la superchería y que tienden a consagrar el aquí y ahora la ampliación del canal o el si no es ahora no podrá ser nunca, como una cuestión de vida o de muerte. No hay pues que asombrarse de que haya un número considerable de conciudadanos que viven actualmente en la duda, en la zozobra.
La realidad que se vive actualmente en el país revela que no hay solo una división entre los que votarán Sí y los que votarán No. Es evidente que estamos ante una fractura nacional que nada indica que será provisional como lo es el proceso electoral con vista al referéndum.