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La firma del Tratado de Promoción del Comercio entre Panamá y los Estados Unidos (TPC) constituyó, según el capital financiero y comercial local, así como para el séquito de economistas neoliberales que los acompañan, un hecho histórico, trascendental y sin precedentes, el cual beneficiaría a todos y cada uno de los habitantes del país. Hoy la realidad muestra que si bien sus intereses fueron servidos, lo mismo no es cierto para el sector de la industria manufacturera y sus trabajadores. Es así que, de acuerdo con las estadísticas oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), durante el último bienio la producción manufacturera de Panamá se redujo en 4.1%, mientras que en el 2016 el empleo en este sector disminuyó en 2.6%, lo que significó que 3,480 trabajadores pasaran a engrosar la filas de la desocupación.

Un claro ejemplo de la problemática de la industria manufacturera, útil para ilustrar la situación general del sector, se encuentra en la rama de la producción de bebidas gaseosas, la cual debido al creciente impacto de las importaciones, buena parte de esta proveniente de Estados Unidos, sufrió durante el 2016 una caída de 6.2% en su nivel de actividad. Una de las causas de esta situación se encuentra en el creciente desmantelamiento de la protección a la industria nacional, fenómeno este relacionado directamente con el TPC. Este, para el caso concreto de la producción de bebidas gaseosas, determina que el arancel original de 15% sobre el valor debe decrecer en proporciones iguales en 12 años hasta llegar a cero. Esto significa que el mismo al finalizar el presente año se colocaría en 8.75%.

La anterior, sin embargo, no parece ser la única causa vinculada con el aperturismo neoliberal. Para nadie es desconocido que los niveles salariales de Estados Unidos son muy superiores a los de Panamá. Es así que frente a un salario mínimo norteamericano de $7.25 la hora, el salario mínimo panameño para las llamadas empresas industriales grandes es, en el mejor de los casos, de $2.60 la hora. La pregunta es, entonces, la siguiente: ¿cómo es posible dada esta significativa diferencia salarial, teniendo además en cuenta los costos de transporte, importar gaseosas de Estados Unidos y desplazar a la producción nacional? La respuesta apunta hacia la conocida práctica del "dumping", es decir, la exportación con precios por debajo de los costos de producción, como una práctica tolerada por las autoridades panameñas.

A esto se debe sumar la existencia de una estructura arancelaria profundamente distorsionada, que promueve los intereses del oligopolio local de la producción de azúcar. Este cuenta con un arancel de 144% sobre el valor para el azúcar de caña, que consolida su poder sobre el mercado interno, mientras que la producción de gaseosas, que utiliza esa azúcar como insumo, cuenta con el bajo y decreciente arancel antes citado. Se trata de una política que solo puede explicarse por las preferencias políticas de quienes las ponen en práctica. Lo que el país realmente necesita es una política coherente de protección que abarque toda la industria nacional.

Economista