Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social
No haber entregado al país una Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social, con las políticas de largo alcance globales y específicas para los distintos sectores del país, dificulta mucho evaluar las acciones que está tomando el gobierno y conocer la base para una correcta orientación de las políticas sectoriales de mediano y largo plazo.
El programa de gobierno del PRD, presentado en campaña política, no es suficiente. Desconocemos si existe tal estrategia. De existir, en qué se inspira, cómo entiende el desarrollo, cuál es el papel del Estado y del sector privado, cuál es el modelo económico. Tampoco sabemos si hay un sistema de planificación nacional. Para evaluar la reforma tributaria propuesta, necesitamos conocer las políticas en esa materia. Está claro que una de éstas es la destinada a proveer los recursos para financiar las actividades del Estado, pero nos parece que asimismo debería tender a una reducción de la carga tributaria que afecta a personas y empresas, con el fin de permitir mayor disponibilidad de recursos en manos del sector privado y disminuir el peso económico del Estado, como es lo aconsejable.
Necesitamos conocer la política de incentivos a la inversión privada nacional y extranjera utilizando el sistema tributario y la de redistribución del ingreso; si habrá una política de localización industrial que se actúe a través de la política tributaria; si se utilizará el sistema tributario como herramienta de incentivos para la construcción de nuevas viviendas en determinadas zonas del país; cuál es el tratamiento tributario que permitirá la incorporación de la producción nacional al mercado mundial; cuál es la política en materia de libre comercio y cómo se compensará la pérdida de ingresos fiscales.
Está claro en el proyecto de reforma fiscal el objetivo de reducir el tamaño del Estado, pero no toma en cuenta que más que tamaño, el problema es su poca eficiencia. Una política adecuada de eficiencia del sector público lograría estructurar un Estado moderno que haga el mejor uso de los recursos a su disposición, y que, por otro lado, deje recursos en manos del sector privado para que sea éste el que los consuma y los invierta. Para ello, hay que establecer una auténtica política de austeridad en el gasto público. Una primera medida sería la salida de Panamá del PARLACEN, donde no tenemos nada que ganar.
Lograr la eficiencia del Estado es primordial; no tiene sentido sacar dinero de sectores productivos para ponerlo en manos de una maquinaria administrativa burocratizada e ineficiente, como la existente. Se nos ha dicho que la reforma tributaria busca aumentar la inversión pública social, pero desconocemos si existe una política de racionalización de esa inversión que haga obligatorio que todas las inversiones del sector público sean evaluadas con anticipación de acuerdo a criterios de rentabilidad económico-social que evite llevar adelante proyectos públicos de bajo rendimiento o que no estén de acuerdo con la capacidad económica del país.
Un problema similar vamos a enfrentar cuando se nos presente la propuesta para la CSS. Esta no podrá ser evaluada fuera del contexto de la seguridad social panameña en su totalidad y para ello es necesario contar con la Estrategia Nacional de Desarrollo y políticas de largo plazo.
El programa de gobierno del PRD, presentado en campaña política, no es suficiente. Desconocemos si existe tal estrategia. De existir, en qué se inspira, cómo entiende el desarrollo, cuál es el papel del Estado y del sector privado, cuál es el modelo económico. Tampoco sabemos si hay un sistema de planificación nacional. Para evaluar la reforma tributaria propuesta, necesitamos conocer las políticas en esa materia. Está claro que una de éstas es la destinada a proveer los recursos para financiar las actividades del Estado, pero nos parece que asimismo debería tender a una reducción de la carga tributaria que afecta a personas y empresas, con el fin de permitir mayor disponibilidad de recursos en manos del sector privado y disminuir el peso económico del Estado, como es lo aconsejable.
Necesitamos conocer la política de incentivos a la inversión privada nacional y extranjera utilizando el sistema tributario y la de redistribución del ingreso; si habrá una política de localización industrial que se actúe a través de la política tributaria; si se utilizará el sistema tributario como herramienta de incentivos para la construcción de nuevas viviendas en determinadas zonas del país; cuál es el tratamiento tributario que permitirá la incorporación de la producción nacional al mercado mundial; cuál es la política en materia de libre comercio y cómo se compensará la pérdida de ingresos fiscales.
Está claro en el proyecto de reforma fiscal el objetivo de reducir el tamaño del Estado, pero no toma en cuenta que más que tamaño, el problema es su poca eficiencia. Una política adecuada de eficiencia del sector público lograría estructurar un Estado moderno que haga el mejor uso de los recursos a su disposición, y que, por otro lado, deje recursos en manos del sector privado para que sea éste el que los consuma y los invierta. Para ello, hay que establecer una auténtica política de austeridad en el gasto público. Una primera medida sería la salida de Panamá del PARLACEN, donde no tenemos nada que ganar.
Lograr la eficiencia del Estado es primordial; no tiene sentido sacar dinero de sectores productivos para ponerlo en manos de una maquinaria administrativa burocratizada e ineficiente, como la existente. Se nos ha dicho que la reforma tributaria busca aumentar la inversión pública social, pero desconocemos si existe una política de racionalización de esa inversión que haga obligatorio que todas las inversiones del sector público sean evaluadas con anticipación de acuerdo a criterios de rentabilidad económico-social que evite llevar adelante proyectos públicos de bajo rendimiento o que no estén de acuerdo con la capacidad económica del país.
Un problema similar vamos a enfrentar cuando se nos presente la propuesta para la CSS. Esta no podrá ser evaluada fuera del contexto de la seguridad social panameña en su totalidad y para ello es necesario contar con la Estrategia Nacional de Desarrollo y políticas de largo plazo.
