Fin de la ARI

Durante 2005, la Autoridad de la Región Interoceánica ha tenido un discreto protagonismo. Salvo sus conflictos internos, nada sobresaliente la hizo ver como la entidad de fuerte proyección, que ha sido, y de ventajas económicas para el país. Pareciera que alguien la puso a dormir.
Es posible que tal imagen fuera coherente con lo que ahora es evidente: su cierre definitivo. Si se considera que la creación de esa entidad partió de un acuerdo parlamentario, es obvio que se produzca su fin, pero hay algunas interrogantes que quedan.
Cuando fue instituida, la ARI era el resultado de un acuerdo destinado a evitar que la politiquería y las acciones partidarias primaran por encima de una administración imparcial, seria y de proyección nacional. Era la institución-pacto que debía administrar de la mejor manera los cuantiosos recursos que en tierras e infraestructuras habían revertido al país en razón del cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter.
¿Cómo va a quedar esto ahora que la ARI cierra sus puertas? ¿Cómo se va a respetar el acuerdo en base al cual fue creada? ¿Su cierre significa el fin de dicho acuerdo, o qué va a suceder? Se ha dicho que su cese significa, entre otras cosas, la integración efectiva de esa parte del país a la administración nacional; el cese de las viejas estructuras colonialistas que hacían de las áreas revertidas otro mundo.
Esto último será positivo solo en la medida en que dicha área siga estando revestida de ese concepto de patrimonio nacional que la convierte en divisa de todos y no de un sector o de un grupo.
Es de esperar que la actual administración esté tomando en seria consideración esta apreciación, y que las áreas revertidas no vayan a derivar en una especie de piñata que luego quede en las manos de quienes mejor sepan apoderarse de ellas.