La cláusula y la carta democrática

Esta semana entramos en la recta final del diálogo que debe concluir con la elaboración del proyecto final de la Carta Democrática que se someterá a la consideración de los cancilleres americanos, quienes, como destinatarios del mandato que les impartieron los Jefes de Estado y de Gobierno en la Tercera Cumbre de las Américas, serán los encargados de adoptarla en la asamblea extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos que se reunirá en Lima, Perú, los días 10 y 11 de septiembre próximos.
En la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de Quebec, Canadá, el pasado mes de abril, nuestros Jefes de Estado y de Gobierno, de manera unánime, ratificaron su decisión de promover el ejercicio efectivo de la democracia representativa y de defenderla contra cualquier intento de abolirla. Esta decisión quedó consignada en la declaración política de la Tercera Cumbre mediante lo que se conoce como la "cláusula democrática" que, en esencia, excluye de participar en el proceso de las cumbres al gobierno del continente americano que deje de ser democrático.
La Cumbre de las Américas es por la jerarquía de sus participantes la máxima instancia política de nuestro hemisferio. Por tanto, sus decisiones y especialmente sus mandatos producen efectos en todas las esferas del Sistema Interamericano. Es precisamente en cumplimiento de un mandato expreso de los jefes de Estado y de Gobierno que nace el compromiso de adoptar una Carta Democrática para las Américas, para extender la "cláusula democrática" a todas las instancias del sistema interamericano.
Todavía, en el curso del diálogo en el Consejo Permanente hará falta afinar algunos aspectos para que la Carta Democrática responda plenamente al mandato de los Jefes de Estado, pero ya existe acuerdo, alcanzado por consenso, para consagrar en ella la exclusión de la OEA de los regímenes antidemocráticos. Específicamente, el artículo 12 del proyecto dice: "En concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de Quebec, cualquier alteración o ruptura del orden democrático en un Estado Miembro de la OEA constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado dentro de la OEA, con sujeción a lo establecido en la Carta de la OEA".
La diferencia, como puede apreciarse, es que la "cláusula democrática" sólo excluía de participar en el proceso de las cumbres; la Carta Democrática excluirá de participar en todas las instancias del sistema interamericano.
La Carta de la OEA ya contempla la suspensión del gobierno que asuma el poder mediante el uso de la fuerza, pero como bien destacaron los Jefes de Estado en Quebec, las amenazas contra la democracia no están circunscritas al derrocamiento armado; éstas pueden asumir otras formas que también es necesario prevenir o sancionar mediante la exclusión.
La diferencia básica entre la actual previsión de la Carta de la OEA y la Carta Democrática es que ésta identificará otras formas de amenazas a la democracia y, además, pondrá énfasis en los aspectos preventivos, para evitar que pueda materializarse. En otras palabras, contendrá mecanismos para prevenir la ruptura del orden democrático o para restablecerlo, mediante la acción concertada de los estados miembros de la OEA. En ese sentido el nuevo instrumento, representará un significativo avance sobre acuerdos anteriores como el Compromiso Santiago de Chile con la Democracia, de 1991 y la resolución 1080 de la Asamblea General de la OEA destinada a actuar contra las interrupciones abruptas de la institucionalidad democrática, y también en relación con las declaraciones de Nassau y de Managua, adoptadas en las asambleas generales de 1992 y 1993, de similares objetivos. Ahora, de manera más amplia y con atención a las nuevas realidades del continente, se reforzará el compromiso político que nos asegure que la democracia, condición esencial para el desarrollo, sea la única forma de gobierno de los estados americanos.