La Defensoría del Pueblo

Cuando me apercibo por los medios de comunicación sobre la posibilidad de que la Defensoría sea eliminada, so pretexto de que es un ente inoperante y nido de botellas, no me queda otra cosa que preocuparme, y más porque muchos de sus detractores, aunque bien intencionados, tal vez no entienden el significado y alcance reales de la promoción y defensa de los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo fue creada por la Ley No. 7 de 1997, luego elevada a rango constitucional mediante el Acto Constitucional de 2004, como una institución dedicada a promover, proteger y defender el respeto a los derechos humanos, investigando, supervisando y denunciando actos, hechos u omisiones por parte de la Administración Pública o de concesionarios de servicios públicos.

Desde su nacimiento, la Defensoría ha sufrido toda clase de ataques y reveses, entre los que puedo mencionar el fallo de 12 de febrero de 1998 y el del 9 de agosto de 2000 de la Corte Suprema de Justicia, que por la vía de la inconstitucionalidad, decidió dejar a esta institución sin facultades para investigar las violaciones de los derechos humanos del Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Electoral, y sin facultades para mantener año tras año un presupuesto estable. Detrás de este accionar estuvieron vinculados los poderes fácticos del momento.

Los medios de comunicación social, los foros y en la Asamblea Legislativa, en los que participé como estudiante de Derecho, activista de derechos humanos y ciudadano, en pro de la creación de la oficina del ombudsman, fueron cajas de resonancia y/o testigos de la negligencia y desinterés del gobierno de entonces por dotar al país de un instrumento eficaz que sirviese de válvula de escape para la gran demanda de justicia de los habitantes de la patria. Sin embargo, no puedo pasar por alto que ciertas ONG’s, la ONU, la UNESCO y otros, interesados en la defensa de los derechos humanos, gracias a sus mejores ideas y respaldo, lograron que la Defensoría del Pueblo fuese una realidad.

Después de creada y designado su primer titular, la Defensoría estuvo sumida al letargo por parte del gobierno de turno de la dotación suficiente de recursos para su formal despegue. No puedo olvidar la garra y entrega del primer defensor que hizo posible, junto a su equipo de trabajo, del que yo formé parte, que esta institución se colocara en las “páginas amarillas” y que no quedase como una institución “genuflexa” más, aunque las presiones y conjuras no se hicieron esperar. Con todo, la Defensoría ha podido sobrevivir, y considero que lo seguirá haciendo con la ayuda de Dios.

Ahora bien, cada defensor ha tenido su estilo, aunque debo decir que las administraciones posteriores a la del primer defensor han sido un poco “sin comentarios”. Lo cierto es que mi persona, en varias ocasiones, como activista de derechos humanos, abogado, funcionario de la Defensoría, aspirante a Defensor y ciudadano, he hecho recomendaciones sobre lo que se debe hacer.

No estoy de acuerdo en la eliminación de la Defensoría, ni en que se le restrinjan sus facultades, sino más bien en reestructurarla en el sentido en que se convierta en el ente rector del derecho de petición y del instituto de defensoría de oficio, y que tenga la facultad de conducir, arrestar y destituir a los funcionarios violadores de los derechos humanos.