La Estrella de Panamá y El Siglo no tienen quien le escriba

Hay dos aspectos que me gustaría poner en perspectiva en torno a la crisis que atraviesan los diarios del Grupo Editorial El Siglo & La Estrella de Panamá (GESE). Lo primero, es que los orígenes de esta situación se remontan a la inclusión de ocho ejecutivos y sesenta y ocho compañías en la denominada “Lista Clinton” elaborada por el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de su Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés). Según explicaron las autoridades norteamericanas estas designaciones se realizan para proteger su sistema financiero cuando se tienen “razones para creer” que los designados han cometido lavado de activos.

Siempre he dicho que se puede tener derecho a pensar, creer y hacer lo que te venga en gana, siempre y cuando no afecte derechos de terceros. Como dijo alguna vez Jean Paul Sartre: "Mi libertad se termina donde empieza la de los demás". Entonces, bajo ninguna circunstancia podemos concebir un "derecho de lista" fundado en la sola acreditación de "razones para creer" cuando esa creencia puede afectar a terceros, sobre todo porque los efectos de esa inclusión (aunque constituye una medida administrativa) son tan violentos que implican verdaderas sanciones económicas, morales, sociales y de otras índoles, solo comparables con la capitis diminutio máxima del Derecho Romano de otrora. Entonces ese "derecho de lista" que ejerce los Estados Unidos, de manera unilateral y bajo criterios subjetivos, no es tan “Derecho”, debido a la ligereza con la que se puede afectar el patrimonio, la moral y reputación –entre otros derechos- de personas y/o empresas. Por tal razón, desde el siglo III d.C., Ulpiano señaló que era preferible que se dejase impune el delito de un culpable antes que condenar a un inocente; entre tanto, Maimónides en el Siglo XII, reafirmó esta máxima al señalar que era mejor absolver a mil culpables que condenar a muerte a un inocente, expresiones que nos llevan a considerar la necesidad de emplear prudencia y cautela al realizar este tipo de señalamientos o tomar medidas extremas, como las mencionadas.

En segundo lugar, se han visto diversos esfuerzos del Grupo Editorial El Siglo & La Estrella de Panamá (GESE), respaldados por importantes sectores de la sociedad civil, a efectos de solventar la crisis que atraviesan. Los esfuerzos llevan de la mano consignas que indican –entre otras cosas- que el cierre de estos medios de comunicación (con 167 años de historia, en el caso de La Estrella de Panamá), producto de las sanciones de OFAC, socava la libertad de expresión y la democracia. A pesar de estos esfuerzos no se ha recibido ninguna señal positiva del Gobierno de la República de Panamá, tanto igual como aquel Coronel ingeniado por García Márquez que acudía cada viernes a la oficina de correos del puerto con la esperanza de recibir una noticia sobre su pensión de veterano de la guerra civil.

Frente a esta situación, el Gobierno de Panamá, ha preferido hacerse a un lado y mirar de reojo. Las declaraciones de la vicepresidenta y canciller de Panamá, al expresar que “esas no son acciones contra la República de Panamá, son contra un grupo económico”, reflejan la posición del Gobierno panameño, que además pareciera endosar la posición de Estados Unidos al sugerir que la solución de la crisis de estos medios de comunicación está en la cesión del control accionario su principal accionista, Abdul Waked, a terceros; todo esto sin que se haya exhibido una sola prueba de las afirmaciones que ubican a los Waked como cabecillas de una organización dedicada al lavado de activos. Esta posición del Gobierno panameño es constitucionalmente impensable, como también lo es, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos del que ambos países protagonistas son parte.

Si bien, las sanciones administrativas impuestas por OFAC al Grupo Editorial El Siglo & La Estrella de Panamá (GESE), “no son acciones contra la República de Panamá”, no es menos cierto que tales “sanciones” constituyen medidas de un país en contra de ciudadanos y empresas panameñas, de allí, que conforme al texto de la Constitución Política de la República de Panamá, “las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley”, en consecuencia, el Estado debe no solo respetar, sino garantizar los derechos de sus ciudadanos, razón por la que constituye un error –por decir lo menos- la posición del Gobierno de la República de Panamá en torno a la crisis que atraviesa el Grupo Editorial El Siglo & La Estrella de Panamá (GESE).

Abogado