La IA ya no discute ética, discute dinero

Durante meses, el debate sobre cómo regular la inteligencia artificial se sintió lejano, casi de laboratorio. Ese momento terminó. En julio, dos encuentros en Ginebra —la Cumbre Mundial AI for Good y el primer Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA, convocado por la ONU— dejaron algo claro: la conversación pasó de los principios a los números. Ya no se habla solo de sesgos algorítmicos o transparencia; se habla de quién capta el valor económico de esta tecnología y quién se queda pagando la cuenta.

El mundo llegó a esos encuentros con tres modelos distintos sobre la mesa: el rigor normativo europeo, el pragmatismo de mercado estadounidense y el control estatal chino. Pero lo que se discutió en Ginebra fue otra cosa: soberanía tecnológica, confiabilidad de los modelos que ya operan de forma autónoma, y algo más terrenal, quién tiene acceso real a la capacidad de cómputo necesaria para competir. Ahí está el verdadero cuello de botella. Un puñado de países y corporaciones concentra la infraestructura, y el resto del mundo corre el riesgo de convertirse en proveedor perpetuo de datos, alimentando sistemas que no controla ni de los que se beneficia en proporción justa.

Panamá no puede darse el lujo de ver esto de lejos. Las decisiones que se toman en esos foros terminan afectando la ciberseguridad de nuestras instituciones, las compras públicas de software, el comercio digital y la operación de activos que sostienen buena parte de la economía del país: el Canal, los puertos, el sistema bancario.

Aquí es donde muchos países emergentes cometen dos errores opuestos. El primero es copiar sin filtro los marcos regulatorios europeos, diseñados para economías de otra escala, que terminan asfixiando a un empresariado local sin el músculo financiero para cumplir esa carga. El segundo, igual de costoso, es no hacer nada: dejar un vacío legal que espanta la inversión y encarece el acceso a capital, porque ningún inversionista serio pone dinero donde no hay reglas claras.

Hay una tercera vía, y es la que Panamá debería explorar: no copiar ni improvisar, sino construir interoperabilidad con los marcos que ya existen y moverse rápido en la capa de aplicación. Eso significa adoptar principios éticos básicos de gobernanza sin trabar la ingeniería de software, y abrir espacios controlados, los llamados sandboxes regulatorios, donde se puedan probar soluciones de IA en los sectores donde el país ya tiene ventaja: la plataforma logística, el Canal, el centro bancario internacional, la gestión del Estado.

La gobernanza de la inteligencia artificial dejó de ser tema de conferencia académica. Hoy es una variable de competitividad tan real como el tipo de cambio o el costo de la energía. Panamá tiene la oportunidad de ser algo más que un consumidor de tecnología ajena: puede convertirse en un lugar donde esa tecnología se aplica bien, temprano y con criterio. Eso exige que el sector público, la empresa privada y la academia se sienten a trabajar juntos, y pronto. La ventana no va a estar abierta para siempre.